Algunas reflexiones sobre los derechos de imagen de los deportistas

Los éxitos de los deportistas de nuestro país constituyen, sin duda, el mejor reclamo para cualquier ventana a la hora de ofrecer el espectáculo deportivo. Es un hecho, que los derechos de imagen constituyen el acervo más genuino que posee el deportista.

En nuestro país la imagen constituye parte del ser personal y social de cada individuo. Y la protección a la imagen una demanda, conformada por un derecho fundamental. El artículo 18 de nuestra Constitución «garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

De hecho, su protección está, en el ámbito personalísimo, depositada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Una Ley que, de acuerdo a lo establecido en el referido artículo 18 de la Constitución, señala que «el respeto de tales derechos constituye un límite al ejercicio de las libertades de expresión, que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales».

Por tanto, estamos hablando de una materia con un calado, contextualizado en el ámbito de los derechos fundamentales. Y aunque, no estemos, dentro del uso de la mercantilización de los derechos de imagen en un ámbito de desposesión del derecho al honor, no es una materia de fácil mercadeo. Y, de ahí, que como juristas se deba advertir, acerca de esa utilización de uso, con menoscabo de los derechos inherentes a la propia imagen, y al uso publicitario que se pudiera hacer de la misma.

En el ámbito del deporte, donde los derechos de imagen tienen un proceso de bifurcación entre el que la explota y el queda subsumido a esa explotación, observamos que, según el artículo 7 (Derechos y obligaciones de las partes), apartado 3, del Real Decreto 1006/1985, que regula la relación de los deportistas profesionales, «en lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, salvo en el supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del artículo 1 del presente Real Decreto».

Pues bien, una vez situada estas reglas de juego, conviene cuestionarnos el tema, a través de algunas de las siguientes preguntas, que no obvian, formar parte de una demanda:

¿Qué ocurre con los que no tienen contrato, a pesar de estar en ligas con repercusiones mediáticas y que mantienen sponsors, que actúan sobre la proyección del espectáculo, generado por el deportista y la deportista; y, por tanto, no tienen un instrumento legal por el que vele ese derecho de retorno, en base a un uso comercial de su imagen?

¿Qué ocurre con aquellos deportistas, en este caso, las deportistas femeninas, que en España, ninguna tiene convenio colectivo; y por tanto, no podemos hace decaer este derecho y su regulación en el convenio colectivo?

Bajo estos dos cuestiones-reflexiones, una no puede por menos, que sentirse interesada y con curiosidad manifiesta, acerca de posibles acciones de carácter mercantil, de unos terceros, donde entran en juego esos derechos de imagen, tanto de carácter individuales, como colectivos, que prevé comercializarlo bajo un operador. ¿Y cómo se va a diligenciar esta operación? Concretamente, en lo que ha aparecido en prensa sobre una supuesta operación de mercantilización, por streaming de eventos deportivos, a un canal, y con el acuerdo directo de las Federaciones, de forma individualizada, que ha planteado la Liga de Fútbol Profesional –que al paso que va, va a monopolizar, bajo el trazado del dinero, el deporte en nuestro país–.

Y la pregunta que surge, a la que consecutivamente llevan otras serían: ¿qué título habilitante tienen las Federaciones para ceder los derechos, sobre determinadas ventanas, con determinados sponsors?, ¿qué retorno económico, sobre esa cesión, que según Real Decreto 1006, viene vía contrato o convenio, se adquiere, en nombre del deportista?, esto es, ¿dónde está la cesión de uso indeterminado de ese deportista? Y más, cuando por medio hay cantidades económicas, que aventuran causa-efecto de carácter lucrativo. O todo ello, es encuadrable en lo que podríamos llamar, ¿expropiación de derechos de imagen, por un bien mayor? que, entiendo, no se conoce. Y asumo, desde ya, que el deportista no es consciente de este uso, de cualificación económica, que se hace bajo el objeto de su participación en competición.

Y es que este tema ya empieza a doler al deportista, porque a falta de reiteración no se consigue resultado, cuando no se ha desarrollado la Ley del Juego de 3/ 2011, en su disposición adicional 6.ª, sobre el retorno de las apuestas, en el juego on line, o el reglamento que debería desarrollarse por el Real Decreto 2015 de los derechos de retrasmisión deportiva fútbol, con efecto a los deportista de alto nivel. En demasía, los verdaderos protagonistas, los deportistas, se ven sin cierto amparo, ante la fluctuación de negocios, y uso de su imagen, que sin que para ellos vean resarcidos sus esfuerzos, y el uso ante un no retorno de sus derechos de imagen.

Francamente, considero, que merece una reflexión por parte de todos, y no se puede seguir perjudicando los derechos de imagen de los deportistas, en pro de un bien general, que ni es general, ni siquiera es el bien deseado, sino, muy, al contrario, pudiera resultar el negocio de unos pocos. Y en nombre de los deportistas deberíamos ser contundentes, y exigir respeto y consenso con los deportistas cuando se trata de negociar sobre sus derechos de imagen.


María José López González
Abogada



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