Apuestas deportivas, competiciones y derechos de imagen

Asomarse al entramado on line en el ámbito de las apuestas deportivas nos describe un mundo en el que algunos negocian sobre hechos y acontecimientos, protagonizados por terceros, que permanecen ajenos a retorno económico alguno, en uso de su imagen, así como al contexto de competición alguna. Excepto aquellas que tienen patrimonializados esos derechos, así como identificados los hechos y supuestos virtualizados por el comercio de las apuestas.

Es difícil regular sobre escenarios que escapan al foro territorial o local de un país. Ya que del fenómeno que estamos hablando no es otro que el de las apuestas on line, referidas al hecho deportivo. Una cicatriz que marca el mundo del deporte. Y que, desde el punto de vista de la legislación, permanece casi invisible e inalterable. En nuestro país tenemos una norma, por ejemplo, sobre la que debiera producirse un cambio normativo; así como un desarrollo de la misma, en un escenario de vértigo económico, y de proliferación de derechos en juego, y de competiciones subsumidas en la infravaloración económica, pero de la que algunos le sacan, ciertamente, una gran rentabilidad. La ley en cuestión no es otra, que la Ley 13/ 2011, de 27 de mayo, sin que se haya regulado su desarrollo posterior, en lo que tiene que ver con la disposición adicional 6.ª (Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas e Hípicas), según la cual, «reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y a las competiciones deportivas organizadas en España, en el caso de las Apuestas Deportivas y de retorno a las sociedades organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las Apuestas Hípicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional 3.ª. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley establecerá asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria productiva».

Pues bien, a pesar de todo, y de que el mundo de las apuestas prolifera de tal manera, que es perceptible en proporción al número de locales que se abren en nuestras ciudades, bajo el símbolo de la pelota rodando y el o la deportista haciendo deporte.

En este sentido, una se pregunta en qué espacio legal se está moviendo este escenario, que actúa sobre sujetos activos sobre los que rentabilizan terceros, ajenos al trabajo de los deportistas. Ni siquiera se tiene la capacidad de actuar bajo el paraguas de un marco normativo, cuando aquello produce un retorno de tal calibre que afecta a hechos o derechos de imagen del deportista. Imagínense lo que es visionar en una televisión una obra creativa, y que la misma sea satisfactoria económica para el espectador, y no para el que ejerce el hecho de la creación. Y todo ello, dentro del contexto en el que se ha producido una considerable merma en los presupuestos del Estado en el ámbito del deporte, de la financiación que va destinada al alto nivel, y a las competiciones en las que los deportistas de nuestro país trabajan para levantar el ranking de pruebas en el ámbito internacional. A lo que habría que añadir las grandes carencias, ante la ausencia de profesionalismos de gran parte de nuestros deportistas, que no reciben remuneración alguna, por el hecho de competir y entrenar. Algo está fallando, cuando no hemos podido arbitrar medida alguna para ser capaces de vehiculizar un retorno económico, basado en la proyección y apuestas deportivas, centradas en el sujeto del deportista. Convendría cambiar el paradigma de lo que hay para situar la esfera del deporte en un marco económico, social y laboral moderno. Y si no, observen los juegos del futuro, estos sí que ya vienen con la financiación privada bajo el brazo.

 

Mº José López González
Abogada

 

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