Modelo de deporte y modelo deportivo en España

En nuestro país el modelo de la estructura del deporte tiene más de cuarenta años, y sus estructuras están frecuentadas por largas vicisitudes del pasado, que se han convertido en el paradigma de un pasado, al que le cuesta renunciar. Cuando se habla de modelo deportivo, no siempre se piensa en clave de nuevas profesiones, innovadoras infraestructuras, hábitos, profesionalismo, o sistemas de apuestas; sino, al contrario, todo el debate, o gran parte del mismo, se lo lleva el fútbol. Un deporte, en lo destacado, muy profesionalizado, definido ya como ocio y diversión; y en determinados debates, acentuado por su cuenta de resultados. Pero cuando nuestros deportistas compiten en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, el deporte rey se desdibuja, y ahí es donde observamos la pluralidad y la veracidad del deporte y de los deportistas.

En el caso español, tenemos un sistema competencial de previsión de distintos ámbitos de gestión y financiación: local, provincial, autonómico y estatal. No olvidemos que las Diputaciones reciben parte de ingresos del fútbol vía su porcentaje de las quinielas. Pues bien, teniendo en cuenta todo ello, hemos de indicar que casi todas las Comunidades Autónomas han modificado sus leyes de deporte, y lo continúan haciendo, y legislando materias relacionadas, caso profesiones deportivas, deporte no federado, salud, etc. No obstante, a nivel de todo el Estado, nos encontramos que, a diferencia de las Comunidades Autónomas, el marco normativo tiene una vida de lustros, que empieza a restallar en cuestiones como la salud, la competición profesional, la Seguridad Social de los deportistas, la conciliación de la vida académica del deportista, derechos imagen, fiscalidad, financiación, etc. Como una especie de paleta de colores irresolubles. Y todo ello bajo la demanda, cada vez más generalizada, de cuál debiera ser su marco definitorio. Y ahondando, en particular, en, por ejemplo, acerca de qué se entiende por un deportista profesional, y cuál es el estatus de aquel deportista que, vinculado a la Federación, le aporta los mejores y mayores éxitos deportivos al país, y al final de esa carrera ni siquiera ha existido, ni como ciudadano ni como deportista profesional. Es el abismo del que te hablan cuando dicen: «veinte años y nunca han cotizado por mí y ahora qué». Siendo conscientes, por otro lado, del hecho de que gracias a estos deportistas nuestro país está entre los treinta mejores del mundo. A pesar de todo. Efectivamente las medallas son fotografiadas, con profusión, y se las cuelgan casi todos. Pero la continuidad o no de esas carreras luego ya es cosa sólo del deportista.

El marco normativo está tan anquilosado que lastra todo un devenir en el desarrollo del deporte. El dinero público destinado al deporte ha ido decreciendo de forma exponencial desde finales de los noventa. En diferentes legislaturas y en la actual se habla y se han puesto en marcha determinadas iniciativas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de ir perfilando ese cambio de modelo. Se ha legislado en torno a derechos de retrasmisión televisiva –alusivos al deporte del fútbol–, y todo lo referido al dopaje, por eso de estar en curso en un contexto internacional de pertenencia al Comité Olímpico Internacional.

En estos más de treinta años de marco normativo, aviejado y desventajado, esta sociedad ha cambiado tanto que hasta las deportistas han constituido el liderato de nuestro deporte. Pero, en cambio, no hemos resuelto ningún tipo de asignatura en relación al hecho de por qué no definimos como profesionales a unos deportistas que durante vente y treinta años han ejercido una actividad, con dedicación exclusiva, dando triunfos a nuestro país y que se encuentran sin haber cotizado por ellos, ni siquiera haber considerado ese tiempo como laboral; o seguir manteniendo un sistema de seguro deportivo que sigue hablando en pesetas, a pesar de que a los deportistas se les ha incrementado hasta el 100 por ciento su cuota, a través del pago de la licencia; o qué ocurre con los derechos de imagen, no regulados, si estas al margen de relación contractual alguna, o convenio colectivo, que hay que seguir recordando que no están en el ámbito de las ligas femeninas, o qué sucede con el concepto de la habilitación del deportista, que en su regreso a la sociedad civil no es capaz de valorarse y de optimizarse en buen fin para la sociedad.

Y en todo ello las Comunidades Autónomas si han ido legislando, normativizando tanto deporte federado y no federado, y todo lo relacionado con el deporte femenino y su desarrollo. Pero qué ocurre si todavía en España no hemos definido el sistema privado, público o mixto. Un sistema que debe definir quién marca la política deportiva, deporte de base, universitario, deporte profesional. ¿Qué ámbito competencial recaban para sí las distintas Administraciones Públicas?

La realidad es que este sistema no aguanta más, que no se puede mantener en el epicentro del pasado –más de varios lustros–, el sistema deportivo en España y más cuando, ni siquiera financieramente, si no se toman medidas puede ser sostenible. Es de poco saber el achacar los grandes triunfos en los Juegos Olímpicos a la capacidad económica y de gestión de la autoridad deportiva. De hecho, si ahondamos en el tema, observaremos testimonios elocuentes de esos deportistas evidenciando el esfuerzo de familias, amigos y sociedad civil para conseguir esos éxitos deportivos. Y más aún, el vértigo se produce cuando terminan su carrera deportiva, sin horizonte cubierto por el pasado, a pesar de lo aportado al país. Y esto definiéndolo en el contexto de la denominada Marca España, y referente de país.

Toca, por tanto, ahuyentar salvedades y atraer consensos en torno a ese modelo normativo, y sería bueno que fuera liderado por el mundo del deporte, el más apegado al deportista. Y definir esas sinergias, si así se determina, pública y privada. Y delimitar competencias en ámbitos definitorios de deporte base, universitario, de alta competición y profesionalizado.



María José López González
Abogada

 

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