¿Debe el Consejo de Estado admitir las acciones interpuestas contra el proceso electoral a la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol?: Esperemos que todavía queden jueces en Berlín

Como es conocido se ha suscitado una controversia jurídica, que casi habría que calificar de inaudita por extravagante, por la cual el Consejo de Estado debe informar dos recursos extraordinarios de revisión interpuestos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes y por Don Óscar Garvín Esteban, en representación del Club Atlético Pinto, respecto del proceso electoral para elegir la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Inaudito digo sino fuese por los intereses que este asunto ha suscitado y que explican tal extravagancia jurídica.

Para que el lector lo entienda bien es mejor huir de tecnicismos, aunque las cuestiones jurídicas no pueden eludirse. Trataré de ser esquemático. Concurren una serie de razones de forma y de fondo que debieran aconsejar un pronunciamiento no favorable del Consejo de Estado si se pretende que el Derecho se imponga a la razón de Estado como único motivo para su estimación.

Y es que, en primer lugar, el Presidente del Consejo Superior de Deportes carece de legitimación para interponer dicha acción. Resulta tan obvio que produce rubor. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y antes de esta todas las leyes reguladoras del procedimiento administrativo que en España han sido, distinguen perfectamente la revisión de actos por la propia Administración de la revisión mediante la interposición de recursos administrativos por parte de los interesados. La Administración no puede interponer recursos contra sus propios actos, salvo que excepcionalmente una Ley lo permita, como ocurre en el caso del económico-administrativo, excepción tradicional en nuestro ordenamiento administrativo.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Superior de Deportes no está legitimado para interponer recurso extraordinario de revisión contra una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte porque la vía del recurso extraordinario de revisión de los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015 es una facultad reservada a los interesados, de imposible utilización por la misma Administración autora del acto. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano del Consejo Superior de Deportes y la autonomía funcional de que goza formalmente es una medida organizativa para garantizar su actuación, no para garantizar el control vía recurso de sus actos. Este recurso implica en verdad una medida de presión inadmisible. El Consejo de Estado dinamitaría nuestro sistema de recursos administrativos si admitiera la legitimación del Presidente del Consejo Superior de Deportes.

En segundo lugar, el Sr. Garvín, en nombre y representación de un Club no profesional también carece, al menos parcialmente, de la necesaria legitimación. El propio Tribunal Administrativo del Deporte ha venido a reconocer en numerosas resoluciones que no existe legitimación general para impugnar la totalidad del procedimiento electoral que es lo pretendido por el Sr. Garvín, sino que la legitimación de dicho club abarca únicamente la impugnación de los actos referentes a su estamento y circunscripción. Y en esta materia, no está de más recordarlo, no existe una acción pública en defensa de la legalidad.

Pero hay más. Por último, last but no least, los hechos que pretenden justificar los recursos proceden de diligencias de investigación penal no autorizadas para el ámbito administrativo. El secreto, constitucionalmente protegido, se proyecta tanto sobre el proceso de comunicación, como sobre su contenido, aunque éste no quede en la esfera de lo íntimo (S. TC 114/1984, de 29 de noviembre). Además, la protección alcanza a cualquier forma de interceptación en el proceso de comunicación mientras el proceso está teniendo lugar (S. TC 137/2002, de 3 de junio, FJ 3.º), siempre que sea apta para desvelar bien la existencia misma de la comunicación, bien los elementos externos del proceso de comunicación, bien su propio contenido (Ss. TC 114/1984, de 29 de noviembre, FJ 7.º, y 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5.º).

El contenido de las comunicaciones se está trasladando a un recurso administrativo y pretendiéndose que la Administración lo utilice para variar una de sus resoluciones, cuando los arts. 588 bis a y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no pueden ser más claros al respecto al determinar, como presupuesto para la injerencia en el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, el de la investigación de delitos concretos y no de cualquier otra conducta que constituya objeto de procedimientos civiles, mercantiles o administrativos. ¿Produce dudas la dicción de ese artículo tan diáfano? Además, concreta la Ley Orgánica 13/2015 (que es la que introduce el tenor vigente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en su artículo único.11 que no cualquier investigación de delitos es hábil para la injerencia en las comunicaciones, sino que habrán de ser delitos de terrorismo, organización criminal o dolosos castigados con penas de, al menos, tres años de prisión. Esto es, la injerencia en el secreto de las comunicaciones con motivo de diligencias de investigación penal sólo está justificada y es lícita en los casos autorizados por la Ley.

Consecuencia de lo anterior es que el artículo 588.bis.i) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el 579.bis.1, determinan que el resultado obtenido en la diligencia limitadora del derecho fundamental de secreto de las comunicaciones podrá «ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal» cuando se deduzca testimonio por el propio Juez que acordó la medida; y se incluyan los antecedentes indispensables para valorar la legalidad de la medida.

Ni en la regulación del procedimiento electoral federativo, ni en la regulación del Tribunal Administrativo del Deporte, existe previsión alguna que habilite la utilización de diligencias de instrucción, por lo que no es posible el traslado pretendido por el recurrente. A la misma conclusión han llegado los Tribunales cuando se han tenido que pronunciar sobre la utilización de las diligencias de instrucción limitativas de derechos fundamentales en procedimientos de naturaleza administrativa.

Cabe señalar, además y por su fuera poco lo expuesto hasta el momento, que no concurre el requisito de que los documentos evidencien un error en la resolución administrativa que es, para que lo entienda el lector, lo que se alega. Al tratarse de un Auto de medidas cautelares, simplemente y por definición, nos encontramos ante meros indicios, no ante pruebas. A mayor abundamiento los indicios que se señalan ninguna relación guardan con lo discutido en las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, sino que, muy al contrario, lo hacen sobre cuestiones totalmente distintas a las que se revisan. Y es que, para mayor inri los recursos de revisión pretenden fundarse en documentos ajenos a las resoluciones que se quieren revisar y planteando peticiones distintas de las resueltas en tales resoluciones. Por muy escandalosas que sean las conversaciones transcritas en el Auto o las afirmaciones de la Unidad Central Operativa en sus Informes, el documento en nada se refiere a lo que resolvieron las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, sino a otras cuestiones. Sería un verdadero escándalo que, con base en las actuaciones recogidas en un Auto judicial que nada tiene que ver con lo discutido en las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, se despreciara el voto legítimo de siete mil electores.

Se podría seguir analizando otros motivos, pero baste señalar que lo mismos no pueden ser objeto de análisis a través del recurso extraordinario de revisión, que es limitado y aparece normativamente tasado en cuanto a sus motivos.

Por ello que el Consejo de Estado lo tiene fácil. Basta aplicar el Derecho, y la más elemental razón jurídica, para que, como Federico el Grande, podamos decir «Veo, con alborozo, que todavía quedan jueces en Berlín».

 

Federico A. Castillo Blanco
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Granada

 

 

Descarga aquí el comentario en PDF.

Anterior Fiscalizar al Consejo Superior de Deportes (2013): el fútbol (LFP – RFEF) otra vez de rositas
Siguiente ¿Por qué el Consejo de Estado debe emitir dictamen negativo de la repetición de elecciones a la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol?

Utilizamos cookies propias y de terceros para Localización de navegación, registro y control, visitas y estadisticas e identificación.

Al pulsar el botón "Acepto" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Saber más

Acepto