Cuestiones procesales en los procedimientos sancionadores por dopaje derivados de causas penales

I. Operación chamberí contra el dopaje en el deporte
          El día 2 de febrero de 2018, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) anunció públicamente, a través de un comunicado de prensa, la apertura de «procedimientos sancionadores a deportistas implicados en la [denominada por la Policía Nacional] Operación Chamberí».
         Según la nota divulgada, la AEPSAD, «ha tenido acceso a la documentación sumarial de la causa penal seguida contra los deportistas implicados (…), una vez decretado el levantamiento del secreto del sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró. A la vista de la documentación recibida y analizados los hechos que se describen, la AEPSAD ha decidido la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores (…)».
         Según informa la propia Agencia, «la apertura de estos procedimientos por parte de la AEPSAD se realiza conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 3/2013, de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva».


II. Apertura de procedimientos sancionadores en España derivados de causas penales

         En primer lugar, cabe destacar que en materia de dopaje la apertura de los procedimientos sancionadores por parte de la Administración se realiza conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 3/2013, a pesar de que el comunicado se refiere erróneamente al artículo 38, que no regula la incoación de los procedimientos sancionadores, sino la pérdida de la efectividad de los derechos federativos (suspensión provisional).
         Al margen de esta confusión, el artículo 39 de la Ley Orgánica 3/2013 establece que el procedimiento sancionador se inicia –lo que resulta más habitual– como consecuencia de la comunicación que haga el laboratorio de control del dopaje actuante, si bien en lo que respecta a las infracciones no analíticas, éstas se pueden perseguir por la AEPSAD «como consecuencia del conocimiento de los hechos o la recepción de las pruebas de cualquier tipo que permitan fundar la posible existencia de una infracción en materia de dopaje»...
         En el caso de estudio, los procedimientos sancionadores contra los implicados en la Operación Chamberí han debido ser abiertos como consecuencia del conocimiento de hechos que permitirían fundar la existencia de una infracción antidopaje, o bien por la recepción de pruebas concretas por parte de la AEPSAD relativas a posibles conductas individuales de dopaje detectadas dentro de la causa penal.
         Como establece el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 3/2013, «podrán denunciarse ante la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte aquellos hechos que proporcionen indicios de la comisión de presuntas conductas o prácticas de dopaje», mientras que «toda autoridad o funcionario público que tenga constancia de la posible existencia de una infracción administrativa en materia de dopaje deberá ponerlo sin dilación en conocimiento de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte». Esto implica que, incluso en ausencia de pruebas concretas (p. ej. de naturaleza documental), la AEPSAD puede incoar procedimientos sancionadores desde el momento en el que tenga conocimiento de hechos que permitan fundar la existencia de una infracción por dopaje.


III. Hechos y pruebas relativos al dopaje

         Como puede comprobarse del texto legal, dentro del régimen jurídico aplicable en materia de dopaje existe una clara diferenciación –se entiende que intencional– entre los hechos y las pruebas, si bien, a priori, ambos pueden desencadenar la apertura, e incluso la continuación, de procedimientos sancionadores derivados de causas penales por parte de la Administración.
         Como matiz, cuando la Administración dispone de pruebas concretas, como por ejemplo un certificado de un laboratorio en el que se informa de un resultado positivo, la apertura del procedimiento sancionador se debe producir de forma automática en virtud del artículo 39.1 de la Ley Orgánica 3/2013. Por el contrario, cuando únicamente se dispone de indicios, como consecuencia de una información en medios públicos relativa a una conducta de dopaje o de una denuncia anónima, la referida Ley Orgánica regula adicionalmente un trámite de diligencias reservadas, que debe tener lugar «previamente al inicio de un procedimiento sancionador, con la finalidad de determinar si hay indicios suficientes para la apertura del mismo».
         Respecto a las pruebas en sentido estricto, el apartado 5.º del artículo 39 prevé que «en el procedimiento sancionador en materia de dopaje la Administración y la persona afectada por aquél podrán servirse de todos los medios de prueba admisibles en Derecho». De hecho, la utilización de pruebas admisibles en derecho por parte de la Administración para el desarrollo de los procedimientos sancionadores por dopaje, más que una potestad, se trata de una obligación, puesto que, como confirma el Código Mundial Antidopaje, son las organizaciones antidopaje las que asumen la carga probatoria respecto a las potenciales infracciones de dopaje cometidas por los deportistas o las personas de apoyo.
         En este sentido, es evidente que el recorrido de los procedimientos sancionadores relativos a casos no analíticos basados en la denuncia de hechos por parte de una fuente anónima o un funcionario público (p. ej., la policía), sin la obtención de pruebas concretas por parte de la Administración, es relativamente corto, puesto que el apartado 3.º del artículo 38 determina que «la suspensión provisional de la licencia (…) se entenderá automáticamente levantada si el órgano competente para imponer la sanción no ha resuelto el procedimiento en el plazo de tres meses a contar desde su incoación».
         Por lo tanto, la resolución de este tipo de procedimientos sancionadores que se inician por el conocimiento por parte de la autoridad antidopaje de determinados hechos –por ejemplo derivados de una causa penal– depende en última instancia del éxito en la aplicación del trascendental artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2013, que es el que regula la colaboración en materia de lucha contra el dopaje entre la AEPSAD y las autoridades judiciales.


IV. Diligencias reservadas: primera suspensión provisional de los deportistas implicados

         Como se ha podido conocer públicamente, el atleta español Ilias Fifa, máximo protagonista de la denominada Operación Chamberí por su nivel deportivo, fue suspendido provisionalmente por la AEPSAD después de conocerse su detención, medida cautelar que fue levantada a los quince días, permitiéndose la participación del atleta en competiciones de carácter organizado desde entonces.
         Como prevé el apartado 3.º del artículo 38 bis, sobre investigación y diligencias reservadas, con carácter excepcional y antes de la iniciación del procedimiento sancionador, el órgano antidopaje competente puede adoptar medidas cautelares en casos de urgencia y grave riesgo para la salud de los deportistas o para la integridad de la competición, las cuales deben ser levantadas automáticamente si dentro de los quince días posteriores a su adopción no se inicia el procedimiento sancionador correspondiente.
         Efectivamente, la Ley Orgánica 3/2013 permite a la AEPSAD tramitar diligencias reservadas «con la finalidad de determinar si hay indicios suficientes» para la apertura de un procedimiento sancionador, las cuales «incluirán las actuaciones necesarias para determinar la posible existencia de una infracción antidopaje», finalizando las mismas por un acto de «archivo de las diligencias si no consta la existencia de indicios de infracción».
Por lo tanto, el motivo por el que se levantó la suspensión cautelar inicial acordada sobre los implicados debió ser la no existencia, en ese momento, de indicios de infracción.


V. Obtención de nueva documentación para la apertura de procedimientos sancionadores

         Varios meses después de las detenciones, según el comunicado de la AEPSAD, «la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha tenido acceso a la documentación sumarial de la causa penal seguida contra los deportistas implicados en la Operación Chamberí (…). A la vista de la documentación recibida y analizados los hechos que se describen, la AEPSAD ha decidido la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores (…)».
         En este tipo de casos relativos a conductas de dopaje descubiertas en el ámbito penal, la Administración tiene la potestad de incoar los procedimientos sancionadores respectivos siempre y cuando haya recibido, de oficio o mediante solicitud expresa, el tanto de culpa por parte de la autoridad judicial. Por lo tanto, cuando la AEPSAD describe en su comunicado a que ha tenido acceso a la documentación sumarial de la causa penal, a lo que debe referirse realmente es a la recepción del tanto de culpa procedente del Juez o Tribunal que tenga conocimiento de una potencial infracción administrativa, porque el acceso como tal al sumario de la causa penal, por vía de la personación por ejemplo, no tendría ningún efecto jurídico sobre el procedimiento administrativo, por la evidente y necesaria distinción que existe entre ambos. De hecho, la utilización por parte de la Administración de información exclusiva del sumario sin recurrir a los instrumentos legales regulados al efecto conllevaría la nulidad del procedimiento sancionador por incumplimiento de las exigencias legales y procesales.
         Al respecto de lo mencionado, según prevé el apartado 6º del artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2013, «tan pronto como cualquier Juez o Tribunal tenga conocimiento de la posible existencia de una infracción administrativa en materia de dopaje pasará el correspondiente tanto de culpa a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte», medida que también puede ser solicitada por la Administración «cuando tenga conocimiento de la existencia de razones para ello», y «en estos casos la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte procederá a iniciar los procedimientos sancionadores».
         Así, existen dos momentos procesales fundamentales que pueden llevar a la Administración a incoar un procedimiento sancionador por vía de la colaboración con las autoridades judiciales. El primero de ellos se refiere a la citada recepción del tanto de culpa procedente de la autoridad judicial actuante, trámite durante el cual no tiene ninguna participación el interesado. Posteriormente, una vez que el Juez o Tribunal ha pasado el tanto de culpa a la AEPSAD, ésta debe poner en marcha el mecanismo regulado en el apartado 5º del artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2013, con el fin de llegar a obtenerlas diligencias practicadas judicialmente necesarias para la continuación de los procedimientos sancionadores abiertos.
         Según el artículo 33.5 de la Ley Orgánica 3/2013, «la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte podrá solicitar que le sean remitidas aquellas diligencias de instrucción practicadas que sean necesarias para la continuación de los procedimientos sancionadores. Dicha petición será resuelta por el Juez de instrucción, previa audiencia de los interesados, en el plazo de veinte días. En dicha audiencia los interesados podrán solicitar que sean también remitidos los documentos que les puedan beneficiar. La resolución del Juez será plenamente respetuosa con el principio de proporcionalidad, entregando a la Administración, mediante resolución motivada, únicamente las diligencias que la aplicación de tal principio autorice».
         Por lo tanto, este segundo momento procesal se configura como el de mayor trascendencia, puesto que es el que permitiría a la Administración obtener un acceso legítimo a las diligencias –pruebas documentales– practicadas en la causa penal, dividiéndose el mismo a su vez en varias sub-fases: en primer lugar, la AEPSAD debe solicitar formalmente al Juez, mediante oficio, que le sean remitidas aquellas diligencias de instrucción practicadas que sean necesarias para la continuación de los procedimientos sancionadores; en segundo lugar, el Juez de instrucción debe conceder trámite de audiencia a los interesados, quienes también podrán solicitar al Juez que sean remitidos los documentos que les puedan beneficiar; por último, el Juez debe emitir una resolución motivada en la que establezca específicamente las diligencias remitidas a la Administración con fines administrativo-sancionadores. Sin el cumplimiento de este sensible trámite procesal, que tiene como objetivo salvaguardar el derecho de defensa de los interesados, la Administración no podría utilizar ningún documento o diligencia sumarial para la continuación de los procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo.
         En definitiva, como resume el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2013, la AEPSAD «podrá solicitar del Juez de Instrucción, en cualquier momento, que le proporcione los elementos de prueba, obrantes en autos, que puedan ser necesarios para la tramitación de los procedimientos sancionadores. No obstante, el otorgamiento de estas pruebas por parte de la autoridad judicial deberá hacerse de manera motivada y previa ponderación del principio de proporcionalidad, para respetar adecuadamente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en este punto».


VI. Segunda suspensión provisional de los deportistas implicados

         Tras el levantamiento automático de la primera suspensión provisional a los 15 días de su acuerdo, el día 2 de febrero de 2018 la AEPSAD volvió a anunciar la imposición de esta medida cautelar, por segunda vez, sobre los deportistas. En la actualidad, la figura de la suspensión provisional se encuentra regulada en el artículo 38 de la Ley Orgánica 3/2013, relativo a la «pérdida de la efectividad de los derechos de la licencia». En concreto –en el caso de estudio– la medida cautelar ha sido acordada por la AEPSAD en virtud de lo dispuesto en el artículo 38.2, ya que el primer apartado de dicho precepto se encuentra reservado exclusivamente a los casos en los que tenga lugar «la existencia de un resultado analítico adverso en el análisis de una muestra».
         Según ese apartado segundo del artículo 38, «en cualquier otro procedimiento sancionador en materia de dopaje que se encuentre en curso, el órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento, mediante acuerdo motivado y respetando los principios de audiencia y proporcionalidad, las medidas de carácter provisional, incluso la suspensión provisional de la licencia federativa o la inhabilitación para obtenerla, que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento o la protección provisional de los intereses implicados».
         Por lo tanto, el acuerdo de suspensión cautelar en procedimientos sancionadores derivados de causas penales, en los que no se da la existencia de un resultado analítico adverso, requiere que el órgano competente para resolver el procedimiento garantice: a) que el procedimiento sancionador se encuentra en curso, lo cual ocurre tan pronto como se produzca el acuerdo de incoación; y b) que el acuerdo motivado de suspensión cautelar ha respetado estrictamente los principios de audiencia y proporcionalidad.
         Respecto al principio de proporcionalidad, la autoridad antidopaje debe justificar que la suspensión provisional es una medida necesaria para asegurar la eficacia de la resolución que finalmente pudiera recaer en el procedimiento; o bien que se trata de una medida imprescindible para asegurar el buen fin del procedimiento; o, lo que resulta de mayor aplicación en este caso, que la suspensión cautelar tiene como fin proteger de forma provisional los intereses implicados, es decir, el derecho de los deportistas limpios a participar en una competición libre de dopaje. En este sentido, la condición acreditada por parte de la autoridad judicial respecto a la imputación a un individuo de un delito de dopaje previsto en el artículo 362 quinquies del Código Penal debe aceptarse como motivo suficiente para decretar su suspensión cautelar.
         En segundo lugar, además de acreditarse la existencia de la citada proporcionalidad, la ley exige, independientemente del momento en el que se adopte la medida provisional, que la autoridad pública respete el denominado principio de audiencia, es decir, que el deportista sea escuchado –como parte fundamental de su derecho de defensa– con anterioridad a que la autoridad antidopaje acuerde formalmente la imposición de tal medida. En este sentido, la imposición de una suspensión provisional derivada de una causa penal sin audiencia previa del interesado provocaría su anulación inmediata por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, por quebrantamiento de un trámite procesal preceptivo en perjuicio del derecho de defensa del interesado.
         Además de lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 3/2013, el tercer párrafo del artículo 33.3 reitera que «el comienzo o la continuación de la fase de instrucción del proceso penal supondrá que la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte pueda acordar, si procede, previa audiencia de los interesados, la suspensión de la licencia federativa», lo cual se regula asimismo en el último párrafo del artículo 33.6, que prevé que «en estos casos la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte procederá a iniciar los procedimientos sancionadores y a adoptar, en su caso, y previa audiencia de los interesados, la medida cautelar de suspensión de la licencia federativa». Finalmente, el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2013 también recuerda, a este mismo respecto, que «la Agencia podrá proceder a acordar la suspensión de la licencia federativa de las personas contra las que se dirija el procedimiento penal, previa audiencia del interesado».


VII. Acusación contra los deportistas: ¿tráfico, administración o posesión?

         Como es sabido, «el adecuado respeto al principio ne bis in ídem y la preferencia de la jurisdicción penal», en los términos contemplados en el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2013, exige especificar cuál o cuáles de las infracciones muy graves en materia de dopaje se atribuye/n concretamente a los deportistas implicados en la causa penal, puesto que de ello dependen varias decisiones que deben adoptarse en el ámbito administrativo por parte de la AEPSAD.
         Según establece el artículo 33.3 de la Ley Orgánica 3/2013, «la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte suspenderá todos los procedimientos sancionadores que pudiesen estarse tramitando respecto de los presuntos responsables de la infracción penal, desde el momento en que por aquella se aprecie que existe identidad de hechos y fundamento”, aclarándose en el preámbulo de la ley que «los supuestos en que puede existir identidad de fundamento entre el tipo penal y el tipo sancionador administrativo se limitan a los casos de administración o tráfico de sustancias o métodos prohibidos».
         Por el contrario, si la tramitación de los procedimientos sancionadores abiertos por la AEPSAD corresponden a la infracción por posesión, ésta no debería verse suspendida como consecuencia de la continuación de la fase de instrucción en el ámbito penal, si bien para que los expedientes abiertos pudiesen finalizar con una sanción administrativa –paralela a la condena penal– el órgano de instrucción de la Administración deberá tener acceso, mediante autorización (resolución) judicial, a determinadas pruebas documentales, como las actas de entrada y registro en el domicilio de los deportistas, lo cual únicamente puede producirse, como se ha avanzado, a través del artículo 33.5 de la Ley Orgánica 3/2013, con el fin de evitar una utilización ilegítima de la documentación sumarial de la causa por parte de la Administración.


VIII. La posesión de sustancias prohibidas como infracción muy grave en materia de dopaje

         Según establece la letra f) del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2013, se considera infracción muy grave «la posesión por los deportistas (…), ya sea en competición o fuera de competición, de sustancias prohibidas en dichos ámbitos o de los elementos necesarios para la utilización o uso de métodos prohibidos, cuando se carezca de una autorización de uso terapéutico para su administración o dispensación, o de otra justificación legal o reglamentariamente calificada como suficiente».
         Tal como matiza la definición número 42 incluida en la Ley Orgánica 3/2013, se debe entender por posesión exclusivamente la «posesión física o de hecho (que sólo se determinará si la persona ejerce o pretende ejercer un control exclusivo de la sustancia o método prohibidos o del lugar en el que se encuentren la sustancia o métodos prohibidos (…). Si la persona no ejerce un control exclusivo de la sustancia o método prohibido o del lugar en el que se encuentre la sustancia o método prohibido, la posesión de hecho sólo se apreciará si la persona tuviera conocimiento de la presencia de la sustancia o método prohibido y tenía la intención de ejercer un control sobre él».
         Además, la propia definición de la infracción limita su comisión a los casos en los que la misma se dé sobre sustancias prohibidas fuera de competición, lo que implica que, con anterioridad a sostener una acusación con carga probatoria suficiente, la Administración debe corroborar, mediante los medios analíticos pertinentes, que los productos poseídos objeto de la potencial infracción efectivamente contienen sustancias de las incluidas en la lista de prohibiciones en vigor.


IX. Deportistas nacionales vs. deportistas internacionales

         Finalmente, el análisis de la cuestión de competencia en este tipo de casos no analíticos no se trata de un tema menor, ya que de ello dependerá que el interesado se vea sometido a unas normas o a otras.
         Como principio general, la Ley Orgánica 3/2013 establece que «para permitir una adecuada coordinación con las normas internacionales propias de las organizaciones deportivas de ámbito internacional, se establece una clara distinción entre los deportistas sujetos al ámbito de aplicación de esta Ley y los deportistas calificados por las Federaciones u organizaciones internacionales como deportistas de nivel internacional. Respecto de éstos últimos, la Agencia no tiene competencias sancionadoras (…)».
         Este principio se acompaña de una regulación clara en la materia. En primer lugar, ya en el primer precepto de la ley, el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 3/2013 establece que «los deportistas calificados oficialmente como de nivel internacional o que participen en competiciones internacionales están sometidos a las normas y procedimientos de la Federación internacional correspondiente y de la Agencia Mundial Antidopaje». Asimismo, el cuarto párrafo del artículo 37.1 confirma este criterio cuando regula que «la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte no tendrá competencias sancionadoras respecto de los deportistas calificados oficialmente por su Federación internacional como de nivel internacional o que participen en competiciones internacionales».
         Este precepto, de especial controversia, ha dado lugar a un reciente pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) relativo a la calificación de un deportista como de nivel internacional a la luz de lo regulado en la Ley Orgánica 3/2013. En su resolución, de 1 de diciembre de 2017, el Tribunal manifestó que «se confirma que la voluntad del legislador es que la actividad deportiva que se sustraiga a la acción de la AEPSAD sea exclusivamente la enmarcada en el ámbito de cada competición internacional en concreto y no la actividad general del deportista que participa en competiciones internacionales», mientras que «sostener la interpretación del recurrente conduciría a que un deportista que participa en competiciones internacionales, de manera residual (piénsese en un jugador de baloncesto alineado durante un año un minuto en dos partidos de competición europea), quedase exento de la potestad sancionadora a nivel estatal donde desarrolla su actividad deportiva semanalmente. Tal interpretación propiciaría un mecanismo sencillo para la elusión de los controles antidopaje».
         Respecto a esta interpretación, cabe destacar en primer lugar que el criterio del Tribunal Administrativo del Deporte parece excluir de la jurisdicción internacional únicamente a los deportistas que participan residualmente en competiciones internacionales; si bien, además, debe matizarse que la calificación de un deportista como de nivel internacional debería entenderse desde la perspectiva de un derecho-obligación, es decir, no solo los deportistas calificados oficialmente como de nivel internacional o que participen en competiciones internacionales están sometidos a las normas y procedimientos de la Federación internacional correspondiente, tal como establece el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 3/2013, sino que, además, los deportistas calificados oficialmente como de nivel internacional o que participen en competiciones internacionales de forma habitual tienen el derecho a estar sometidos a las normas y procedimientos de la Federación internacional correspondiente.
         En este sentido, la Administración española no tendría la potestad de extirpar tal derecho a los deportistas internacionales residentes en España, puesto que las citadas normas y procedimientos internacionales contienen determinadas garantías jurídicas dirigidas a preservar el derecho de defensa de los interesados que el sistema español todavía no ha regulado convenientemente.
         En sentido similar a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2013, el artículo 7.2.5 de las Reglas Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) establece la competencia de la federación internacional para la gestión de resultados sobre «potenciales infracciones de estas normas donde no haya controles involucrados y la potencial infracción involucre: a) a cualquier deportista de nivel internacional».
         Además, como se ha adelantado, existen algunas reglas procedimentales internacionales que son muy favorables para los interesados, en comparación con aquéllas previstas en la Ley Orgánica 3/2013. Por ejemplo, mientras que la Ley Orgánica 3/2013 prevé que el mismo órgano que sostiene la acusación inicial, es decir, el Director de la AEPSAD, sea el encargado de la resolución final del procedimiento, las Reglas Antidopaje de la IAAF prevén la existencia de un Tribunal Disciplinario, encargado de la resolución de los conflictos, cuyos miembros deben demostrar su imparcialidad e independencia y no pueden haber tenido una participación previa respecto a ninguna cuestión o hecho derivado del procedimiento objeto de resolución.
         A este respecto, el artículo 8 del Código Mundial Antidopaje establece que «cada organización antidopaje responsable de la gestión de resultados deberá prever para cualquier persona acusada de haber cometido una infracción de las normas antidopaje, como mínimo, un juicio justo dentro de un plazo razonable por un tribunal de expertos justo e imparcial». Según añade el Código mediante un comentario adicional, «este artículo requiere que en algún momento del procedimiento de gestión de resultados, el deportista (…) disponga de la oportunidad de tener una audiencia justa e imparcial (…). Estos principios se encuentran también en el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y son principios generalmente aceptados por el derecho internacional».
         Sin embargo, estos principios de independencia que proclaman las Reglas Antidopaje de la IAAF, el Código Mundial Antidopaje y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, no se encuentran garantizados actualmente en el sistema antidopaje español, debido a la vaga regulación del mismo en la Ley Orgánica 3/2013. En relación con esta materia, la Ley Orgánica 3/2013 únicamente específica que «la fase instructora y la resolución de los expedientes deberán encomendarse a órganos distintos».
         Las reservas respecto a este sistema son dos fundamentalmente: en primer lugar, cabe debatir si existe una verdadera independencia entre el órgano al que se encomienda la fase instructora y el órgano encargado de la resolución de los expedientes; y en segundo lugar, debe identificarse cuál es específicamente el órgano que habitualmente se encarga de la fase instructora.
Respecto a la primera de las cuestiones, el Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, establece que el órgano ejecutivo –el Director de la AEPSAD y encargado de «resolver los expedientes disciplinarios»– además «es el responsable de la dirección y gestión ordinaria de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte» y debe «desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Agencia». Por lo tanto, a ningún miembro de la Agencia sobre quien el director desempeñe una jefatura superior podría encomendarse la fase de instrucción de los procedimientos sancionadores, puesto que ello vulneraría el principio de independencia entre la fase instructora y la fase de resolución.
         En segundo lugar, si bien el citado Estatuto de la Agencia reconoce dentro de su organización la existencia de diferentes órganos (órganos de gobierno, órgano ejecutivo, estructura administrativa, comisión de control y otros órganos), a ninguno de ellos se atribuye expresamente la tramitación de la fase instructora de los procedimientos sancionadores, generándose un vacío inapropiado que provoca que el interesado no pueda valorar realmente si existe independencia o no entre el órgano instructor y el órgano sancionador, lo cual perjudica asimismo el derecho de defensa de los interesados.


X. Conclusiones

         La Ley Orgánica 3/2013 no solo legitima la apertura de procedimientos sancionadores en los casos en los que existe un resultado analítico adverso, sino que la incoación de los mismos también se puede dar por el conocimiento de hechos o la recepción de pruebas derivadas de las causas penales en materia de dopaje, pudiendo la AEPSAD asimismo proceder a la imposición de la medida de suspensión provisional sobre el expedientado, siempre y cuando se le conceda previamente un primer trámite de audiencia.
         Para la obtención de las pruebas necesarias que permitan a la Administración imponer sanciones en casos derivados de causas penales, la AEPSAD debe recurrir, exclusivamente, al artículo 33.5 de la Ley Orgánica 3/2013, con el fin de lograr un acceso legítimo a determinadas diligencias judiciales que permitan a la autoridad antidopaje la continuación y resolución de los procedimientos sancionadores abiertos.
Únicamente la resolución motivada del Juez, que debe ofrecer audiencia previa al interesado, podrá establecer específicamente los documentos o diligencias que pueden utilizarse en el ámbito administrativo con fines sancionadores. De lo contrario, cualquier información que forme parte de las diligencias judiciales obtenida por la AEPSAD a través de las autoridades policiales o mediante su personación en la causa no podría utilizarse en el ámbito administrativo, por lo que su uso daría lugar a la nulidad del procedimiento administrativo.
         Respecto a los deportistas calificados como de nivel internacional, la Ley Orgánica 3/2013 reconoce su derecho-obligación a someterse a las normas y procedimientos de la Federación internacional correspondiente. En este sentido, las Reglas Antidopaje de la IAAF sí garantizan al interesado una audiencia ante un tribunal independiente de expertos que no hayan intervenido en ninguna fase previa del procedimiento, en consonancia con el Código Mundial Antidopaje y artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, lo cual no se cumple en el régimen sancionador español en materia de dopaje, que prevé que la acusación contra el interesado y la resolución del procedimiento se lleven a cabo por el mismo órgano de la Administración.


Alberto Yelmo Bravo

Abogado especialista en Derecho del dopaje
Doctor Internacional en Derecho Deportivo

 

 

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