La perspectiva de género en el Decreto 2/2018, de 12 de enero, por el que se regulan las entidades deportivas en la Comunidad Valenciana

El pasado 13 de enero entró en vigor el Decreto del Consell 2/2018, de 12 de enero, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunidad Valenciana, publicándose en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana núm. 8216, de fecha 19 de enero. Casi al mismo tiempo la editorial Reus, en su colección de Derecho Deportivo, publicaba la obra Género y deporte, el camino hacia la igualdad, escrita por el autor que firma este artículo y por los doctores Juan Mestre Sancho y Francisco Orts Delgado, quienes asimismo son especialistas en gestión deportiva pública.
         Salvando todas las distancias existentes entre una norma jurídica y una aportación doctrinal, ambas producciones abordan la problemática de la discriminación por razón de género en el deporte, aunque coincidiendo solo en las fechas de su publicación puesto que se aborda la cuestión desde dos puntos de vista muy diferentes. El libro, como resulta previsible por su título, estudia el derecho constitucional a la igualdad desde la perspectiva de género y analiza su proyección práctica en el amplio universo de las actividades deportivas, sus dificultades y contradicciones. Por su parte, el Decreto, regula a las entidades deportivas en la Comunidad Valenciana, desarrollando reglamentariamente las previsiones que a este respecto efectúa la Ley del Deporte 2/2011, de 22 de marzo, en esta Comunidad. Sin embargo, y contra todo pronóstico, también regula la aplicación práctica del derecho a la igualdad de género en el mundo del deporte federado.
         Efectivamente, el Decreto pretende determinar el contenido y alcance de una Ley Orgánica. Nada menos que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Así cuando esta Ley en su artículo 29 establece que «se favorecerá la apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres», nos marca el camino hacia una reforma legal que termine definitivamente con las leyes prohibicionistas y con las normas federativas que impidan a nuestras chicas hacer deporte y competir con los chicos, a partir de una determinada edad… y viceversa.
         El Decreto dice literalmente en su artículo 10.2 que: «la organización y celebración de pruebas deportivas separadas por hombres y mujeres no es incompatible con el principio de igualdad y no constituye discriminación a los efectos de este decreto». Lo que en la práctica supone que el Decreto considera como «igualitarias» las actuales normas prohibicionistas de las federaciones deportivas, aquellas que imponen competiciones separadas para hombres y mujeres y que impiden a nuestras hijos e hijas jugar y competir juntos a partir de una determinada edad. Con este precepto el Consell salva la continuidad del actual modelo sexista de competición federativa y lo hace por la vía del Decreto.
         El artículo 10.2 reproduce y bendice el actual esquema sexo-género de competición federada y pone de relieve la imposibilidad «natural» de asumir que mujeres y hombres hagan una misma actividad compartiendo una misma categoría deportiva, un mismo espacio de actividad, pues se parte de la premisa ideológica androcéntrica de una inferioridad natural del sexo femenino que justifica la discriminación y que permite construir itinerarios deportivos estancos y en paralelo para cada sexo.
         Lo que resulta preocupante es vislumbrar que este modelo sexista del deporte alcanza a toda la población, incluso a los menores en edad escolar, afectando a esto que los psicólogos y pedagogos han dado en llamar el currículo oculto. Además, la segregación por razón de género entre escolares que practican deporte federado refuerza la idea de que existe entre ambos sexos diferencias naturales que justifican la separación de las personas, incluso en aquellas edades en las que todas las actividades deben ser educadoras e inclusivas y en las que cabe exigir que se haga el esfuerzo público de hacer posibles espacios de integración en los que se profundice en la idea de la coeducación. Pese a lo cual, el Conseller de Educación de la Comunidad Valenciana Vicent Marzá –que asimismo asume la competencia en materia de Deporte–, no parece haber reparado en el hecho de que los menores en edad escolar se educan en un sistema integrado, continuo y en el que la perspectiva de género queda incorporada y debe ser tratada de manera trasversal. Sin embargo resulta habitual tratar al deporte y sus vicisitudes como una categoría o ámbito especial, una actividad única que puede admitir todo tipo de excepciones, incluso normativas. Un argumento recurrente del que solo pueden derivarse discordancias y anomalías continuas, como las que presentan los múltiples escenarios anti-educativos en el deporte.
         El artículo 10.2 afirma que la separación de mujeres y hombres en la competición no afecta al principio de igualdad. Con el fin de examinar si esta afirmación es admisible, no solo desde un punto de vista jurídico, sino incluso ético, propongo a los lectores y lectoras un pequeño juego: vamos a cambiar en la redacción literal de este artículo el concepto sexo por el concepto raza, puesto que la pertenencia a una raza determinada también ha servido durante siglos para construir una diferencia natural o biológica entre las personas y una consecuente justificación para la segregación entre estas. Si entramos en el juego propuesto el artículo 10.2 rezaría así: «la organización y celebración de pruebas deportivas separadas por personas de diferente raza no es incompatible con el principio de igualdad y no constituye discriminación a los efectos de este Decreto».
         Parece que ahora podemos entender mejor de qué estamos hablando. Yo creo que nadie que haya participado en el juego propuesto y siga leyendo este artículo, pueda seguir afirmando que cuando existen diferencias biológicas o naturales entre las personas, esto nos permita justificar un modelo deportivo segregador, al menos cuando la desigualdad se establezca por alguna de las razones que el artículo 14 de la Constitución protege y vincula a este derecho: nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Pues tal vez cabría establecer otros parámetros diferenciadores en el deporte para alcanzar la igualdad entre los contendientes y salvaguardar la necesaria paridad o par condictio de manera que esta no precise establecerse vulnerando un derecho protegido constitucionalmente. Tal vez cabría considerar otros parámetros como la edad, el peso, o la obtención de un determinado resultado deportivo ya que estos son condicionantes de igualdad inocuos y que no interfieren estableciendo sesgos de género.
         Para quienes se resistan ante la evidencia debemos recordar que entre los mejores velocistas de todos los tiempos encontramos solo a atletas de raza negra, como Usain Bolt, Carl Lewis, Maurice Grene, Jesse Owens, Ben Johson, Jim Hines, o Asafa Powell. Tal circunstancia objetiva parece desvelar la aplastante superioridad biomecánica de estos individuos en este tipo de pruebas atléticas. Hecho objetivo a partir del cual a nadie se le ocurrió establecer una discriminación de raza, una competición para deportistas negros basada en la acreditada superioridad de estos en determinadas pruebas, o en ciertos deportes de equipo. Del mismo modo cuando el prejuicio consistente en considerar la supuesta inferioridad de la mujer, este sirve para justificar las competiciones deportivas por razón del sexo. Sin embargo, parece que en este Decreto se desvela la solución para eliminar la discriminación de género en el deporte: aceptarla.
         Una vez que el artículo 10.2 del Decreto ha establecido la salvación del actual sistema de competición sexista, el artículo 9 recoge hasta tres reconocimientos para las entidades deportivas que hayan sido capaces de preservar este modelo de segregación oficial y continuista. Con esa intención se han regulado diferentes modos de premiar a las entidades federativas que reproduzcan fielmente el sesgo de género y que acaten sin reproche la interpretación particular que se hace en esta norma al respecto. En primer lugar, se crea un “distintivo” que podrá imponer el órgano competente en materia deportiva, a las entidades que se destaquen por la aplicación de las políticas de igualdad de trato y de oportunidades en el deporte. Esta primera medida supondrá recibir un apoyo especial a «las competiciones o actividades que fomenten la práctica deportiva de las mujeres en general y en particular en aquellos deportes tradicionalmente masculinos». Una redacción en base a la que podría resultar premiada, con distintivo y con apoyo público, una competición que excluya a niños y/o niñas por razón de género porque sea solo por y para niñas o solo por y para niños/jóvenes o adolescentes; o que propicie y aliente que las niñas practiquen deportes tradicionalmente masculinos, esto es, aquellos en los que el estereotipo y los valores de la masculinidad son más acusados, en lugar de fomentar que precisamente en estos deportes se establezcan competiciones mixtas o mejor aún, igualitarias. Los premios a que se refiere el apartado segundo del artículo 9, se podrían otorgar a personas o entidades públicas y privadas por las acciones o medidas dirigidas al fomento de la igualdad en el deporte. Aunque como ya hemos visto, el premio se concederá siempre a quien o quienes perpetúen el modelo exocéntrico y dual. Y finalmente la tercera medida y tal vez la más práctica, establece la “posibilidad”, la mera posibilidad de que las bases reguladoras de las subvenciones públicas, incluyan en la valoración de las actuaciones la efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. En esta tercera actuación el Consell garantiza que las federaciones deportivas puedan seguir recibiendo dinero público de la Comunidad Autónoma aunque en sus actividades y programas se establezcan competiciones sexistas y que, por tanto, profundizan en la segregación de género. Y habida cuenta de que toda la acción de fomento se regirá por el parámetro del artículo 10.2, se deja a salvo la entrega de dinero público a quienes no están dispuestos a cambiar el modelo actual o a permitir la verdadera apertura de las modalidades deportivas a un concepto igualitario del deporte.
         En conclusión, en el Decreto 2/2018, de 12 de enero, el Consell efectúa un abordaje del derecho a la igualdad de género desde una perspectiva inmovilista, incluso conservadora, pero sin embargo extremadamente arriesgada e imprudente, al lanzarse a interpretar unilateralmente el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Un Decreto que también se excede de las previsiones de las actuales leyes valencianas especializadas, en las que el legislador, las Cortes Valencianas, se abstuvo de regular e interpretar esta materia. Pues ni en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalidad Valenciana, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ni en la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física en la Comunidad Valenciana, efectuaron ninguna interpretación del citado artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2007, manteniendo así el estatus quo actual. Y si bien es cierto que la falta de regulación legal sobre esta materia permitía el mantenimiento del actual modelo sexista en las competiciones federativas, incluso entre menores en edad escolar, esta situación podía justificarse por estar pendiente de un desarrollo legal. Sin embargo, este temor reverencial del legislador a abordar un asunto tan delicado y trascendente, propicio para la reflexión y al debate público, no ha frenado las prisas de una Dirección General de Deportes que ha resuelto el debate antes de producirse y por la vía del Decreto, hurtando así el necesario debate público, tanto en el terreno político cuya sede está en las Cortes Valencianas, como en el terreno de la participación ciudadana. Se trata en definitiva de la única norma autonómica en España que regula las entidades deportivas que se ha atrevido a regular con efectos normativos prácticos la aplicación de la igualdad de género en el deporte, ya que, el Decreto Catalán 55/2012, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 58/2010, de 4 de mayo de entidades deportivas, en su artículo 137.2 apenas si efectúa una mera declaración de principios. Y el resto de normas autonómicas similares ni tan siquiera citan este asunto. Por lo que podemos calificar al Decreto del Conseller Vicent Marzá como único en su género y sin igual. De manera que evidenciamos que la brecha abierta por este Decreto entre la igualdad formal o normativa y la igualdad real es insalvable.
         El asunto es grave, no solo porque las zancadillas normativas resultan tan lesivas al principio de jerarquía normativa como al principio democrático y representativo, sino porque en la práctica, este Decreto será replicado por otras normas de menor rango y condicionará la interpretación que los poderes públicos efectúen respecto de la realización efectiva del derecho a la igualdad en el deporte; contaminando la perspectiva de los representantes públicos, de cientos de alcaldes y concejales, de operadores jurídicos, y de las propias entidades deportivas que, a partir de ahora, verán reforzada la visión sexo-céntrica y prohibicionista del deporte federado, única versión del deporte que cuenta con el apoyo oficial, en especial el económico.
         Es posible que la lectura de este breve artículo haya dejado alguna duda, o tal vez muchas, y argumentos pendientes de desarrollar pues apenas han sido esbozados y bien merecen un desarrollo pausado y una exposición detallada. Si ha sido así las lectoras y lectores encontrarán en el libro Género y deporte. El camino hacia la igualdad, todo el desarrollo jurídico y argumental de cuanto aquí se ha expuesto resumidamente, así como una invitación a realizar un viaje por la historia de la desigualdad en el deporte, las ideas que la justifican, las normas que las sostienen y aquellas otras que la combaten; recorriendo para ello el paisaje que ha dibujado el pensamiento feminista, la sociología, la antropología o el derecho. Libro que está patrocinado por el Instituto Valenciano de la mujer, de la Generalidad Valenciana y cuya presentación oficial tendrá lugar el próximo día 13 de marzo, en la Biblioteca de la Dona de Valencia; y que contará con la Presencia de María Such Palomares, Directora General del Instituto de la Mujer; Jannette Segarra Sales, ex Diputada de les Corts Valencianes y Directora del Colegio ABC de Gandía; y Lydia Morant Varó, deportista olímpica valenciana en la modalidad de natación y actualmente Concejala de deportes del Ayuntamiento de Gandía. Un acto que esperemos sea una fiesta por la igualdad de género en general, y en el deporte en particular; aprovechando estas líneas para hacer extensiva la invitación de asistencia a todo el mundo.


Julián Hontangas Carrascosa

Doctor en Derecho



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