Algunas consideraciones jurídicas sobre la (frustrada) final de la Copa Libertadores

[Aclaración inicial: el presente análisis se realiza tomando como base las informaciones publicadas en medios periodísticos, los comunicados y declaraciones públicas realizadas por los propios protagonistas, sin haber tomado contacto directo con los expedientes disciplinarios promovidos ni con los documentos oficiales en él contenidos].

 

  1. 1. Los hechos

El pasado sábado 24 de noviembre de 2018, cerca de las 16 hs. Y mientras viajaba hacia el estadio Monumental para disputar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores (previsto para las 17 hs.), el bus que trasladaba al plantel profesional de Boca Juniors fue atacado por un grupo de aficionados de River Plate, club que ejercía la condición de local, en el encuentro que definiría al campeón de la competencia de clubes más importante de Sudamérica. El partido de ida, en la Bombonera, había finalizado con un empate a dos goles por lado.

El ataque al bus boquense consistió, básicamente, en el arrojo de proyectiles desde una corta distancia, ante la pasividad de un operativo de seguridad que incurrió en groseras e inéditas negligencias. Algunos de esos proyectiles impactaron contra las ventanas del bus y rompieron al menos tres de sus vidrios, causando lesiones oculares al futbolista Pablo Pérez, mediocampista titular y capitán del primer equipo de Boca. Otros dos habituales titulares del equipo sufrieron escoriaciones leves y un número no identificado de jugadores acusaron cefaleas, náuseas y dificultades respiratorias, fruto de «gases no identificados» que Boca sostiene habrían sido arrojados por los mismos aficionados (algunas crónicas periodísticas, en cambio, atribuyen dichos efectos a gases lacrimógenos arrojados por los efectivos policiales que custodiaban el bus).

Una vez arribado al estadio y como consecuencia del estado de varios de sus futbolistas, Boca se negó a disputar el partido, lo cual generó intensas negociaciones con la CONMEBOL (entidad organizadora de la competencia) y con River, que se prolongaron por varias horas. Finalmente, los presidentes de las tres entidades suscribieron un documento en el cual acordaron reprogramar el partido «al día 25 de noviembre de 2018 a las 17.00 horas, a ser disputado en el estadio del Club RiverPlate», buscando «salvaguardar la integridad deportiva de la final de la Conmebol Libertadores». El mismo documento concluía manifestando la «intención de los presidentes que el día de mañana la final sea llevada a cabo sin hechos de violencia, que sea disputada en igualdad de condiciones y que gane el fútbol argentino y sudamericano en una fiesta llevada a cabo en paz».

No obstante lo anterior, en horas de la mañana del domingo 25 de noviembre, Boca Juniors presentó ante las autoridades de CONMEBOL un escrito denunciando los hechos ocurridos y solicitando: i) la postergación del encuentro programado para el 25 de noviembre a las 17 hs., «hasta que los jugadores de Boca Juniors víctima de las agresiones se encontraran íntegramente recuperados»; y ii) la aplicación de sanciones disciplinarias al club River Plate, en los términos del artículo 18 del Reglamento Disciplinario de CONMEBOL, «considerando la gravedad de las conductas y el carácter de reincidente» de dicho club.

Con respecto a las sanciones peticionadas, Boca habría argumentado que «la jurisprudencia de los órganos disciplinarios de CONMEBOL en hechos similares conducen a la descalificación de River Plate. En particular, en la decisión del expediente O/69/15 del 16 de mayo de 2015, siendo los clubes involucrados los mismos, Boca Juniors fue descalificado de la Copa Libertadores 2015, precedente que marca postura por parte de los órganos disciplinarios de Conmebol, frente a una agresión sufrida por los jugadores de un equipo que le impidieran jugar el partido en condiciones normales. Cualquier sanción diferente de la aplicada a Boca Juniors en el expediente citado generaría una clara e injusta desigualdad ante la ley, por lo cual el Club hizo expresa reserva de recurrir ante los órganos que correspondan».

En este contexto, la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL además comunicó la apertura de un proceso disciplinario «de oficio» contra el Club Atlético River Plate, por los incidentes ocurridos el 24 de noviembre del 2018, otorgándole plazo de 24 horas para «formular sus alegatos y presentar las pruebas que en su defensa estime convenientes» (al momento de redacción del presente artículo, no ha trascendido ninguna información al respecto).

El martes 27 de noviembre, cerca del mediodía, Boca remitió un nuevo escrito a la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL, ampliando los argumentos de su denuncia y acompañando nuevas pruebas (videos, notas periodísticas y dos notas manuscritas del psicólogo del plantel, dando cuenta del estado emocional de los jugadores). De dicho escrito se dio traslado a River, para que efectuara las consideraciones y presentara las pruebas que hicieran a su defensa, dentro del plazo de veinticuatro horas.

Asimismo y en forma casi simultánea, el mismo martes 27, en horas de la mañana, los presidentes de ambos clubes acudieron a la sede de CONMEBOL, convocados a una reunión con el presidente de la Confederación Sudamericana. En ese encuentro les fue notificada la decisión de la entidad de reprogramar el partido suspendido para el día 8 o 9 de diciembre de 2018, en lugar y horario a confirmar «a la mayor brevedad», siempre sujeto a la decisión del Tribunal de Disciplina en el expediente disciplinario en trámite.

 

  1. 2. Primera cuestión a determinar: ¿tiene River responsabilidad por los incidentes ocurridos?

Para responder esta pregunta, debemos analizar las normas aplicables al caso, debidamente citadas en la denuncia presentada por Boca Juniors.

En primer lugar, el artículo 8.° del Reglamento Disciplinario de CONMEBOL, que regula la «Responsabilidad objetiva de los clubes y asociaciones miembro». Específicamente, el numeral 2 del artículo, dispone: «Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones u organizadores. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder, encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos judiciales».

Por su parte, el artículo 13 del mismo reglamento (de título «Otras infracciones») establece, también en su apartado 2, que «las sanciones disciplinarias previstas en los artículos 18 y 20 del presente Reglamento podrán imponerse a las Asociaciones Miembro y a los clubes en supuestos de comportamientos incorrectos o inapropiados de sus aficionados entre los que se señalan: (…)

  1. b) El lanzamiento de objetos (…).
  2. e) Causar daños.
  3. f) Cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus cercanías antes, durante y a la finalización de un encuentro.
  4. g) Cuando, en casos de agresión colectiva, riña o tumulto, no fuera posible identificar al autor o autores de las infracciones cometidas, el órganos judiciales sancionará a la asociación o al club al que pertenezcan los agresores».

Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Disciplinario prevé las sanciones que pueden ser aplicadas ante la violación de alguna de las dos normas arriba citadas. Sin mayores aclaraciones, esta disposición (titulada «Sanciones que se pueden imponer a las asociaciones miembro y clubes») establece: «1. Las siguientes sanciones podrán imponerse, individual o conjuntamente por una misma infracción, a las asociaciones nacionales y clubes, de conformidad con el artículo 64 de los Estatutos de la CONMEBOL:

  1. a) Advertencia.
  2. b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.
  3. c) Multa económica, que nunca será inferior a dólares americanos cien (USD 100) ni superior a dólares americanos cuatrocientos mil (USD 400.000).
  4. d) Anulación del resultado de un partido.
  5. e) Repetición de un partido.
  6. f) Deducción de puntos.
  7. g) Determinación del resultado de un partido.
  8. h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.
  9. i) Cierre total o parcial del estadio.
  10. j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.
  11. k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.
  12. l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.
  13. m) Retirada de un título o premio.
  14. n) Retirada de licencia.
  15. o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.
  16. 2. Los órganos judiciales podrán imponer una o varias de las sanciones expuestas en el numeral anterior por la comisión de una misma infracción».

Delimitado entonces el marco normativo aplicable al caso, para determinar si corresponde responsabilizar a River Plate por los incidentes ocurridos el sábado 24 de noviembre, debemos evaluar cómo se adecuan los hechos a las normas arriba transcriptas.

En este sentido, resulta bastante claro que los graves hechos ocurridos podrían encuadrarse como una alteración de la seguridad y el orden en las inmediaciones del estadio, sucedida con anterioridad al comienzo del partido (conf. art. 8). Al respecto, la norma no parece dejar lugar a dudas: la responsabilidad del club anfitrión es objetiva. Por ende, River sería responsable por los incidentes causados por sus aficionados, sin importar si tuvo culpa o no en la producción de los mismos.

En un sistema ordinario de responsabilidad objetiva, River podría eximirse de culpa probando que las agresiones al bus de Boca fueron perpetradas por terceros por los que no debe responder (personas sin ningún otro vínculo con la entidad que la –prima facie aparente– afición por los equipos de fútbol del club). Sin embargo, el art. 8 excluye expresamente esa posibilidad, haciendo cargo al club anfitrión de la seguridad y el orden dentro y en las inmediaciones de su estadio.

El artículo 13, aunque parece ir en la misma línea, contiene una sutil pero sustancial diferencia con el artículo 8. Mientras éste último dispone que los clubes «son responsables» de la seguridad y el orden en las inmediaciones del estadio, el primero establece que las sanciones disciplinarias previstas en el artículo18 «podrán imponerse» a los clubes, en supuestos de comportamientos incorrectos o inapropiados de sus aficionados. Se advierte entonces que la responsabilidad derivada del art. 13 es facultativa y debe ser evaluada por el juzgador. El art. 8no deja lugar a la misma discrecionalidad.

La discusión sobre qué debe entenderse por «inmediaciones del estadio», ante la inexistencia de una pauta objetiva en el Reglamento Disciplinario, podría tener cierta relevancia si la denuncia de Boca se circunscribiera a los hechos ocurridos en la esquina de las Avenidas Del Libertador y Lidoro Quinteros (a casi 800 metros del Estadio Monumental). Pero el debate pierde sentido si tomamos como cierto lo expuesto en el escrito ampliatorio del 27 de noviembre, en el que el club denunciante sostiene que las agresiones continuaron casi hasta el momento mismo en que el bus ingresó al estadio. Volveremos sobre este punto.

 

  1. 3. Establecida la responsabilidad, ¿cuál es la sanción que correspondería aplicarle a River?

Partiendo de la responsabilidad objetiva prevista en el art. 8 del Reglamento Disciplinario, el punto a determinar es cuál (o cuáles) de las sanciones previstas en el artículo 18 corresponde imponer a River. Esto así, toda vez que el artículo 8 no prevé ninguna sanción específica y deja abierto al criterio del Tribunal de Disciplina la decisión, brindándole todo el catálogo de medidas previstas en el artículo 18.

En sus presentaciones, Boca requirió al Tribunal de Disciplina de Conmebol que aplique el mismo criterio que en mayo del año 2015, cuando descalificó al mismo club de la Copa Libertadores por la agresión con gas pimienta a los jugadores de River. Más concretamente, en su escrito del 27 de noviembre, el club de la ribera solicitó que «se suspenda definitivamente el partido por la vuelta de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2018» y que «se resuelva la descalificación del Club Atlético River Plate» del torneo, «en los términos del artículo 18 inciso 1) del Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL, considerando la gravedad de las conductas y el carácter de reincidente de dicha institución, y se proclame campeón de dicha competencia al Club Atlético Boca Juniors».

Planteado en estos términos, cabe analizar qué similitudes y diferencias existen entre los hechos ocurridos el 24 de noviembre y los que tuvieron lugar en el estadio de Boca, el 14 de mayo de 2015, para luego evaluar si corresponde aplicar la misma sanción que aquella vez.

 

  1. a) Similitudes y diferencias entre los hechos ocurridos

Puestos a comparar objetivamente con los incidentes que tuvieron lugar el 14 de mayo de 2015, los hechos del pasado 24 de noviembre encuentran una primera semejanza: en ambos casos, los equipos visitantes sufrieron agresiones en el marco del segundo y definitorio partido de la serie disputada entre Boca y River (en el 2015, por los octavos de final; en este año, por la final del campeonato). En los dos casos, además, las agresiones provenían de aficionados al club local (Boca en el 2015, River en el 2018).

Por último, también en ambas situaciones hubo futbolistas afectados, que no estaban en condiciones de disputar el encuentro, como consecuencia de las lesiones que la agresión les produjo. En el 2015, varios futbolistas de River no pudieron continuar el partido (la agresión tuvo lugar cuando regresaban al campo de juego, luego de haber disputado el primer tiempo); mientras que el sábado pasado, otros tantos jugadores de Boca acusaban estar disminuidos física y psicológicamente para disputar el trascendental cotejo.

Hasta aquí, las similitudes entre uno y otro caso.

En cambio, es bastante mayor la cantidad de diferencias que encontramos entre ambos (e igualmente vergonzosos) sucesos. Entre ellas:

▪ El lugar de los hechos.

▪ El momento de la agresión.

▪ El estado de la serie y la instancia de la competencia.

▪ La identificación del/de los agresor/es.

▪ La responsabilidad de las fuerzas policiales estatales.

▪ Forma en que fue resuelta la suspensión del partido.

▪ Actitud del público luego de conocer la suspensión.

Analizaremos cada una de ellas individualmente, ponderando su relevancia jurídica para la resolución del caso.

 

            1.ª El lugar de los hechos. Esta es una de las diferencias más importantes que existe entre los casos, sino la más determinante de todas. En efecto, la agresión al bus de Boca ocurrió en las afueras del estadio Monumental. Comenzó a casi 800 metros del estadio, lugar donde fueron arrojados los proyectiles que (demuestran los videos que trascendieron) rompieron al menos tres de sus ventanillas, provocando una lesión ocular al capitán del equipo y heridas cortantes leves a otros dos jugadores. Aun tomando el argumento de Boca, que intenta relativizar esta cuestión, exponiendo que las agresiones continuaron durante los 700 metros restantes del trayecto, hasta ingresar al estadio, lo cierto es que los incidentes ocurrieron siempre fuera del estadio de River Plate.

Por el contrario, el ataque con gas pimienta que sufrieron varios futbolistas de River en la Bombonera, tres años atrás, se produjo dentro del estadio, cuando desde una de las tribunas un grupo de aficionados logró penetrar la manga que protege a los jugadores visitantes en su trayecto desde y hacia el vestuario.

Esta diferencia me parece capital, toda vez que el control de la seguridad y el orden en la vía pública, en el marco de espectáculos deportivos, corresponde siempre a las fuerzas policiales estatales. Y si bien las distintas policías jurisdiccionales cobran este «servicio adicional» al club anfitrión, lo cierto es que no reciben órdenes de las autoridades de la entidad que paga el servicio. El club no tiene facultades para controlar lo que ocurre en este ámbito. Por el contrario, los clubes efectivamente cuentan con esa potestad dentro de sus instalaciones. Para eso, contratan personal de seguridad privada, que depende de las instrucciones y órdenes emitidas por las autoridades de la institución, como cualquier otro empleado. Estas personas son las que se encargan de mantener el orden dentro de todas las instalaciones dela asociación civil, incluyendo su estadio. Ampliaré este punto en breve, más abajo.

            2.ª El momento de la agresión. El pasado sábado, los hechos ocurrieron antes que comenzara el partido, mientras el plantel de Boca se dirigía al estadio Monumental. En cambio, en el 2015, los incidentes se desarrollaron cuando los futbolistas de River regresaban al campo de juego, para disputar el segundo tiempo del partido que definiría el pase a cuartos de final. Entendemos, sin embargo, que esta diferencia no tiene demasiada importancia en el análisis jurídico del caso.

            3.ª El estado de la serie y la instancia de la competencia. En la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2015, River había derrotado a Boca 1-0 en el partido de ida. Y el partido de vuelta, finalizados los primeros 45 minutos, se encontraba empatado 0-0. Es decir que, al momento de la suspensión, River se encontraba en ventaja para avanzar a los cuartos de final de la competencia. En el caso de la final del 2018, el partido de ida terminó empatado 2-2, con lo cual, al momento de la suspensión, ningún equipo había sacado ventaja en la serie. Estas circunstancias, si bien no agregan demasiado en lo jurídico, pueden tener un peso relevante en el análisis de las consecuencias que generaría hacer lugar al pedido de Boca y otorgarle el título sin disputar el partido de vuelta.

            4.ª La responsabilidad de las fuerzas policiales estatales. Este es otro punto que debiera tener una consideración determinante en la resolución del Tribunal de Disciplina. Luego de los incidentes del sábado 24, las autoridades (directa e indirectamente) responsables del operativo de seguridad llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocieron las negligencias cometidas. Desde la máxima autoridad del gobierno local, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, hasta el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Allessandro, pasando por el ministro de Seguridad y Justicia, Martín Ocampo (quien renunció a su cargo como consecuencia de los hechos analizados), admitieron la responsabilidad del Estado por las fallas del operativo, que permitieron el ataque al bus de Boca. Este singular y expreso reconocimiento, combinado con la falta de poder de cualquier club para controlar lo que ocurre en la vía pública, entendemos debe ser tenido muy en cuenta, a la hora de evaluar la sanción que corresponde aplicar a River Plate.

            5.ª La identificación del/de los agresor/es. Otra diferencia que también puede tener algún peso jurídico en la decisión del tribunal consiste en la identificación (y en la falta de ella) de las personas que cometieron las agresiones. Así, en el caso del 2015, quienes participaron del ataque a los futbolistas de River fueron identificados y juzgados ante la justicia (el principal responsable, Adrián «Panadero» Napolitano, era socio de Boca y se comprobó que tenía un cierto vínculo con la entidad, habiendo viajado en varias oportunidades junto con el plantel profesional). En los recientes hechos ocurridos en Núñez, lamentablemente, no se ha identificado (al menos, al momento de redacción del presente artículo) a quienes arrojaron los proyectiles contra el bus de Boca.

            6.ª Actitud del público luego de conocer la suspensión. Con carácter secundario, pero con cierta relevancia a la hora de graduar las sanciones, deben marcarse también algunas diferencias en el comportamiento de los simpatizantes de uno y otro club que se encontraban en el estadio, luego de haberse resuelto la suspensión del partido. En el partido de octavos de final del 2015, luego de anunciada la suspensión, espectadores ubicados en una de las plateas del estadio de Boca intentaron agredir a los jugadores de River (arrojando proyectiles), cada vez que intentaban retirarse del campo de juego hacia los vestuarios. Esta actitud determinó que los futbolistas visitantes debieran permaneces varias horas en el campo y sólo pudieron retirarse protegidos por escudos de la Policía Federal y entremezclados con los jugadores de Boca. En el partido de vuelta de la final 2018, una vez acordada la suspensión, el plantel visitante no sufrió ninguna agresión adicional. Y si bien hubo algunos incidentes en las adyacencias del estadio, sólo involucraron a hinchas locales y efectivos policiales.

            7.ª Forma en que fue resuelta la suspensión del partido. Por último y para completar el análisis fáctico, también existen diferencias en la forma en que fue resuelta la suspensión del partido. Mientras en el 2015, la decisión fue tomada por el árbitro del partido (luego de evaluar la condición en la que se encontraban los futbolistas de River afectados por el gas pimienta), en el 2018 la decisión de suspender y reprogramar la segunda final fue tomada, de común acuerdo, por los presidentes de ambos clubes y el propio presidente de CONMEBOL, quien se encontraba presente en el estadio Monumental. Las circunstancias en las que se habría celebrado este acuerdo y las implicancias del mismo, creemos merecen un análisis particular.

 

  1. b) La cuestión del «pacto de caballeros»

Cuentan las crónicas periodísticas que, una vez producida la agresión al bus de Boca y arribado el mismo al estadio Monumental, los futbolistas y el Director Técnico manifestaron inmediatamente su firme oposición a que el partido se dispute. Los mismos relatos afirman que, enterados de la situación (y de la afectación de los jugadores del equipo rival), el Director Técnico de River y el presidente del club manifestaron rápidamente su comprensión y su deseo de disputar el partido «en igualdad de condiciones». Traducido: River no se opuso al pedido de Boca y se mostró favorable a la suspensión del cotejo. Quien tenía la férrea voluntad (siempre de acuerdo a las versiones periodísticas) que la final concluyera el mismo 24 de noviembre y de acuerdo a lo originalmente previsto, era la CONMEBOL.

Así, se sucedieron varias horas de tensas negociaciones, que sólo fueron destrabadas a partir del acuerdo de los clubes que, rubricado también por el presidente de la confederación sudamericana, establecía la reprogramación del partido para el día siguiente, domingo 25 de noviembre, a las 17 horas. Y en el mismo estadio Monumental.

El problema surgió cuando, como relatamos, Boca decidió incumplir este llamado «pacto de caballeros», presentó su denuncia ante CONMEBOL y manifestó públicamente su pretensión que le dieran por ganado el partido, como consecuencia de la descalificación de su rival. Las consideraciones políticas y/o los motivos fácticos que llevaron al presidente de Boca a modificar su postura poco importan, a los fines del presente análisis jurídico.

La pregunta que surge, entonces, es si el acuerdo suscripto el 24 de noviembre puede ser un elemento relevante en la evaluación del pedido de Boca. Más concretamente, nos preguntamos si dicho documento podría ser utilizado en contra dela solicitud de presentada al día siguiente. ¿Cabe aplicar a Boca algún tipo de «teoría de los actos propios» y considerar que sus planteos ante el Tribunal de Disciplina contradicen la intención manifestada por su propio presidente –quien ostenta la representación legal del club– un día antes, frente los presidentes de River y CONMEBOL?

La discusión resulta jurídicamente interesante.

Quien se expida por la negativa, argumentará que el acuerdo estaba condicionado a que el partido se disputara el día 25 «en igualdad de condiciones». Y que Boca no podía estar en dicha situación, por las consecuencias físicas y psicológicas que afectaban a varios de sus futbolistas. En su escrito del día 27 (consciente quizás de este punto), el denunciante habría alegado que el partido «se ha desnaturalizado para siempre» y que disputarlo «en una semana o diez días después de haber vivido estas escenas de incertidumbre y barbarie implicaría una clarísima desventaja deportiva».

Con respecto a la firma del mentado pacto, Boca habría rechazado su validez, argumentando que fue firmado «en una situación límite por un presidente que busca salvaguardar la situación de su plantel, en un contexto de intensísimas presiones para jugar a toda costa en un medio profundamente hostil, donde los jugadores de Boca estaban disminuidos y seriamente amenazados en su integridad». Este argumento, no obstante, parece de difícil procedencia. Sobre todo, si se tiene en consideración que el presidente de Boca es una persona de mucha experiencia y acostumbrada a desempeñarse en contextos de igual o mayor complejidad, tanto en su rol de máxima autoridad de uno de los clubes más importantes de Sudamérica como también en su actividad personal (política y empresarial).

Quien sostenga, en cambio, que el acuerdo debe ser considerado un obstáculo contra la solicitud de Boca, invocará la conocida «doctrina de los actos propios», principio general del Derecho que proclama la inadmisibilidad de contradecir los propios actos realizados con anterioridad, prohibiendo que una persona pueda ir contra su propio comportamiento anterior.

Pronto veremos cómo considera el Tribunal de Disciplina de CONMEBOL este punto.

  1. c) El argumento de la reincidencia

Un último elemento jurídico a tener en cuenta, consiste en la ponderación que hizo Boca de diversas sanciones disciplinarias impuestas en el pasado a River Plate, por el mismo Tribunal de Disciplina de CONMEBOL.

Pese a no estar previsto expresamente en el Reglamento Disciplinario de CONMEBOL podría entenderse que la reincidencia (es decir, la reiteración de una misma falta) como agravante es un principio general del Derecho disciplinario.

La particularidad del argumento de Boca es que considera a River como reincidente (y pide, por ello, su descalificación de la competencia) pero por sanciones provocadas por hechos de distinta naturaleza a los que ahora denuncia.

En efecto, en uno de sus escritos, el club xeneixe habría manifestado que River Plate «ya ha recibido reiteradas sanciones por diversos temas, incluyendo el uso de pirotecnia y bengalas en distintos partidos, que también constituyen infracciones muy graves a la disciplina deportiva». Y habría enumerado una lista de quince expedientes disciplinarios, incluyendo los dos casos de doping positivo detectados durante la Copa Libertadores del año 2017.

Ante el reseñado planteo, cabe preguntarse si corresponde considerar que las infracciones disciplinarias cometidas en el pasado, por hechos de distinta naturaleza, pueden ser consideradas como un agravante para juzgar la conducta posterior de una persona, sea un club o un deportista. De nuevo, el argumento parece forzado y de poca probabilidad de éxito.

En materia disciplinaria, los principios aplicables en procedimientos sancionatorios guardan cierta similitud con los provenientes del Derecho Penal (que tienen también un claro tinte punitivo). Por ello, la interpretación debe ser estricta y, en caso de duda, favorecer al imputado (el «expedientado», en los términos del Reglamento Disciplinario de CONMEBOL).

En este contexto, no parece que tenga demasiado sustento considerar que una sanción previa por utilización de pirotecnia o por dopaje de uno de sus futbolista podría justificar una pena agravada a una infracción de otra naturaleza, como resulta la agresión al micro que transporta plantel del equipo rival, producida por aficionados en las inmediaciones del estadio.

De nuevo, será interesante ver las consideraciones que efectúe el tribunal al respecto.

 

  1. 4. A modo de conclusión

Ante la inminencia de la resolución del Tribunal de Disciplina de CONMEBOL sobre el caso en análisis, expresamos nuestra opinión sobre un caso que involucra cuestiones jurídicas complejas, de interpretación subjetiva. Y que acrecienta su interés, por el contexto en el cual se produce: el partido definitorio de la máxima competición de clubes sudamericana, en la última edición que tendrá el actual formato (a partir del 2019, la final de la Copa Libertadores se disputará en un partido único, a celebrarse en un estadio previamente designado, como ocurre en las competiciones europeas) y entre los dos clubes más importantes de Argentina, protagonistas de una de las rivalidades con más historia del fútbol mundial.

La dificultad del caso quizás sería menor, si existiera algún precedente del mismo tribunal que hubiera juzgado hechos similares a los ocurridos el 24 de noviembre. Pero ante la inexistencia de un hecho pasado de iguales características (agresión al equipo visitante fuera del estadio, cometida por aficionados del club local, causando lesiones que determinaron la suspensión del partido), sólo queda interpretar y aplicar las normas reseñadas, con apoyo en los antecedentes que posean mayor similitud con el caso.

En opinión de Boca, el expediente que guarda mayor semejanza al caso es, paradójicamente, aquel que determinó su propia exclusión de la Copa Libertadores 2015.

En la vereda opuesta, River argumentará que dicho caso tuvo circunstancias muy distintas y traerá a colación antecedentes de otros ataques a buses que trasladaban a equipos a disputar partidos de competencias sudamericanas. El más reciente, ocurrido el 13 de diciembre de 2017, cuando Independiente se dirigía hacia el estadio Maracaná para disputar el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana y el bus que trasladaba al equipo fue apedreado por aficionados de Flamengo en las cercanías del estadio. Los agresores lograron romper un par de ventanillas del bus y la policía utilizó gases lacrimógenos que afectaron a varios futbolistas del equipo argentino. Sin embargo, ningún integrante del plantel sufrió lesiones y el partido se disputó con normalidad. Posteriormente, el Tribunal de Disciplina de CONMEBDL sancionó al club brasileño con una multa económica de trescientos mil dólares y la obligación de disputar los siguientes dos partidos de competencias sudamericanas de local «a puertas cerradas», es decir, sin público.

En nuestra opinión y como adelantamos más arriba, parece claro que River Plate debe ser sancionado, en virtud de la responsabilidad objetiva establecida en el artículo 8 del Reglamento Disciplinario. Sin embargo, no parece que existan elementos que justifiquen una sanción tan grave como la descalificación de la competencia. En este punto, entendemos que la petición de Boca Juniors debería ser rechazada. La decisión del tribunal podría incluir múltiples sanciones, como ser una fuerte multa económica (recordamos que el artículo 18, apartado 1, inciso c) establece un máximo de 400.000 dólares) la obligación de disputar próximos partidos a puertas cerradas y hasta la clausura temporal del estadio Monumental para competencias sudamericanas. Además, podría contener una advertencia expresa para el caso que el club incurra en infracciones similares en el futuro, que entonces sí podrían operar como agravantes.

En breve sabremos qué resuelve el Tribunal de Disciplina de CONMEBOL. Su decisión, vale recordarlo, podrá ser apelado ante la Cámara de Apelaciones de la propia confederación sudamericana, dentro del plazo de siete días de notificada la decisión (conf. art. 63 del Reglamento Disciplinario).

Un posterior recurso al Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, Suiza (TAS/CAS) parece poco probable, pese a las declaraciones del presidente de Boca, ante la proximidad del Mundial de Clubes organizado por la FIFA, que deberá disputar en representación de Sudamérica, quien finalmente sea proclamado campeón en esta conflictiva Copa Libertadores 2018.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018

Martín Auletta
Abogado

 

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