Resolución de la Comisión Europea que considera contrarias a la legislación de la competencia las disposiciones de la Unión Internacional de Patinaje que impide a los deportistas participar en competiciones no autorizadas por la entidad federativa

[Traducción del comunicado de prensa de la Comisión Europea de 8 de diciembre de 2017, por la Dra. Beatriz Lorenzo Calvo]

La Comisión Europea ha decidido que el reglamento de la Unión Internacional de Patinaje (ISU), que impone sanciones excesivamente rigurosas a los deportistas participantes en las competiciones de patinaje de velocidad que no están autorizados por dicha federación deportiva infringen la legislación antimonopolio de la Unión Europea. En consecuencia, la Unión Internacional de Patinaje debe reformar dicha normativa.

La Comisaria Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, declaró que «las federaciones internacionales juegan un importante papel en la carrera profesional de los deportistas, protegiendo su salud, seguridad y la integridad de las competiciones. Sin embargo, las rigurosas sanciones que la Unión Internacional de Patinaje impone a los patinadores también sirven para proteger sus intereses comerciales y evitar que otras entidades establezcan sus propios eventos deportivos. La Unión Internacional de Patinaje debe cumplir con nuestra decisión, modificar sus reglas y abrir nuevas oportunidades para los organizadores y los atletas que compiten, en beneficio de todos los aficionados al patinaje sobre hielo».

La Unión Internacional de Patinaje es el único organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI) para gestionar las disciplinas de patinaje artístico y patinaje sobre hielo. Sus miembros son las federaciones nacionales de patinaje sobre hielo. La Unión Internacional de Patinaje y sus miembros planifican y generan los ingresos de las competiciones de patinaje de velocidad, incluyendo importantes competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos de Invierno, así como campeonatos mundiales y europeos.

La investigación de la Comisión concluyó que:

▪ Bajo las reglas de la Unión Internacional de Patinaje, vigentes desde 1998, los patinadores de velocidad que participan en competiciones que no son supervisadas por dicha Unión, soportan rigurosas sanciones, incluyendo la prohibición de por vida de participar en eventos de patinaje de velocidad. La Unión Internacional de Patinaje puede imponer estas sanciones según su criterio, incluso si las competiciones independientes no representan ningún riesgo para los objetivos deportivos, tales como la protección de la integridad y la conducta apropiada en el deporte, o la salud y seguridad de los atletas.

▪ Al imponer tales restricciones, las reglas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje restringen la competencia y permiten a dicha entidad perseguir sus propios intereses comerciales en detrimento de los deportistas y los organizadores de otras competiciones. En concreto, la Comisión considera que las normas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje restringen las posibilidades del libre comercio de los atletas que no pueden participar en eventos independientes de patinaje. La consecuencia de la aplicación de las reglas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje es que los atletas no pueden ofrecer sus servicios a los organizadores de otras competiciones deportivas de patinaje, viéndose privados de fuentes adicionales de ingresos durante una carrera deportiva, en el caso del patinaje de velocidad, relativamente corta.

▪ Las reglas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje impiden que los organizadores independientes formen sus propias competiciones de patinaje de velocidad porque no pueden contar con los mejores patinadores. Esto ha limitado el desarrollo de competiciones de patinaje de velocidad alternativas e innovadoras y ha privado a los aficionados de seguir más eventos deportivos.

La Unión Internacional de Patinaje introdujo ciertos cambios en sus reglas de elegibilidad en junio de 2016. A pesar de esto, la Comisión consideró que el sistema de sanciones establecido sigue siendo desproporcionadamente riguroso e impide la aparición de nuevas competiciones internacionales independientes de patinaje de velocidad. Por lo tanto, la Comisión concluyó que las reglas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje son anticompetitivas e infringen el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Consecuencias de la decisión

La decisión de la Comisión exige que la Unión Internacional de Patinaje ponga fin a su conducta ilegal en un plazo de noventa días y que se abstenga de aplicar cualquier medida que tenga el mismo objeto u otro efecto equivalente. El fin último es que la Unión Internacional de Patinaje pueda derogue o reforme sus reglas de elegibilidad para que se basen solo en objetivos legítimos (excluyendo explícitamente los propios intereses económicos de la referida Unión Internacional de Patinaje) y que son inherentes y proporcionales a lograr esos objetivos.

En particular, la Unión Internacional de Patinaje no debería imponer ni amenazar con imponer sanciones injustificadas a los atletas que participen en competiciones que no representen ningún riesgo para los objetivos deportivos legítimos. Si la Unión Internacional de Patinaje mantiene sus reglas para la autorización de eventos a terceros, deben basarse en objetivos, transparencia y criterios de no discriminación, no excluyéndose simplemente por ser un evento propio de otra organización que supone competencia.

Si bien la Comisión no consideró necesario imponer una multa, en caso de que la Unión Internacional de Patinaje no cumpla con la decisión de la Comisión, sería responsable por incumplimiento debiendo hacer efectivo el pago de hasta el 5% de la media de su facturación mundial diaria.

Antecedentes

La Comisión abrió un procedimiento en relación con las normas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje el 5 de octubre de 2015 a raíz de una denuncia presentada por dos patinadores profesionales holandeses, Mark Tuitert y Niels Kerstholt. La Comisión envió un pliego de cargos a la Unión Internacional de Patinaje el 27 de septiembre de 2016.

Las reglas deportivas establecidas por las federaciones deportivas están sujetas a las normas antimonopolio de la Unión Europea cuando el cuerpo normativo, las entidades y las personas afectadas por las reglas, se refieren a una actividad económica. Resumiendo, según la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, las normas deportivas son compatibles con la legislación de la Unión Europea si persiguen un objetivo legítimo y si las restricciones que crean son inherentes y proporcionales para alcanzar este objetivo. Esta evaluación puede ser realizada por tribunales nacionales y las autoridades nacionales de competencia en relación con los organismos nacionales, y por la Comisión, en el caso de las prácticas a nivel internacional.

Muchos conflictos sobre las reglas deportivas plantean principalmente cuestiones relacionadas con la gobernanza del deporte, es decir, las relaciones entre las diferentes partes interesadas que pertenecen o están estrechamente conectadas a la estructura federativa. Normalmente, los litigios se resuelven de forma más adecuada por los tribunales nacionales que por la Comisión Europea. Lo mismo ocurre con los conflictos derivados de la normativa antidopaje o el amaño de partidos, que pueden ser manejados por los órganos de arbitraje pertinentes o los tribunales nacionales.

El artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo prohíben las prácticas comerciales restrictivas. La aplicación del referido artículo 101 del Tratado se define en el Reglamento antimonopolio (Reglamento del Consejo 1/2003), que puede ser aplicado por la Comisión y por las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros de la Unión Europea.

Se puede obtener más información en el sitio web de la competencia de la Comisión yen el registro público de casos bajo el número de caso AT.40208.

Indemnización por daños y perjuicios.

Cualquier persona o compañía afectada por un comportamiento anticompetitivo como el que se describe en este caso puede demandar ante los tribunales de los Estados miembros y solicitar daños y perjuicios. La jurisprudencia del Tribunal y el Reglamento 1/2003 del Consejo confirman que, en los casos ante los tribunales nacionales, una decisión de la Comisión constituye una prueba vinculante de que el comportamiento tuvo lugar y fue ilegal.

La Directiva sobre daños y perjuicios antimonopolio, que los Estados miembros tuvieron que transponer a sus legislaciones internas el 27 de diciembre de 2016, hace más fácil para los perjudicados por este tipo de prácticas obtener indemnizaciones. Se puede encontrar más información sobre las indemnizaciones aplicables a este tipo de prácticas, incluyendo una guía práctica para cuantificar los daños disponible en: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html 

Herramienta de alerta

La Comisión ha creado una herramienta que permite a los ciudadanos alertar, manteniendo su anonimato, cuando hay un comportamiento anticompetitivo. La nueva aplicación protege el anonimato de los denunciantes a través de un sistema especial de comunicaciones codificado. La aplicación está disponible en http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html

 

 

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