Anulada la Decisión sobre Ayudas de Estado (Hércules CF SAD)

Dictada la primera de las tres decisiones que se vienen aguardando en relación a la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión Europea, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal concedida por España al Valencia Club de Fútbol, S.A.D., al Hércules Club de Fútbol, S.A.D. y al Elche Club de Fútbol, S.A.D.

Se trata en concreto de la Sentencia de 20 de marzo de 2019 (asunto T-766/16), que da por concluido el procedimiento seguido en relación al segundo de los clubes mencionados ante la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto es, el Tribunal General, cuya Sala Cuarta decidió anular la citada Decisión por falta de motivación sobre el alcance de la contragarantía asociada a la controvertida medida, lo que es apreciado de oficio en el Apartado 58 y examinado en los subsiguientes. De este modo, no resultaría convincente para el Tribunal la justificación aportada por la Comisión por la que, ulteriormente, defendía la falta de efectividad de la contragarantía, y traducida tanto en el supuesto carácter provisional de la misma como en la exposición de las consecuencias del impago de la Fundación Hércules (es decir, del hecho de que el Instituto Valenciano de Finanzas optara por subrogarse en la posición del acreedor de la Fundación e iniciar acciones contra esta última), lo que a su vez vendría confirmado, según la Comisión, por las observaciones presentadas por el Reino de España en el procedimiento administrativo y por los términos de la propia contragarantía ofrecida por el propietario del Estadio José Rico Pérez (Aligestión Integral, S.A.).

Aún así, y en su previa respuesta a la primera parte del primer motivo alegado por el club alicantino, basado en la identificación de la ventaja, el Tribunal General alcanza igualmente una conclusión importante en pro de la vigencia del Derecho de la Unión Europea y, en particular, de su regulación sobre Ayudas de Estado en el terreno futbolístico. En tal sentido, rechaza la argumentación esgrimida por el club en los términos de que el mismo no era una empresa en crisis en el momento en que se concedió el aval, lo que vendría dado por el hecho, a juicio de la entidad, de que las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración no son aplicables al mercado del fútbol, pues el único método pertinente, a la luz de las particularidades de tal mercado, es el utilizado por la UEFA y la LNFP, consistente en comparar las cuentas de un club con la media de los clubes que compiten en el mismo Estado miembro. Al respecto, destacan las siguientes afirmaciones del Tribunal:

▪ «El concepto de empresa en crisis, tal como se define en el punto 9 de las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración, es un concepto objetivo que debe apreciarse únicamente a partir de indicios concretos de la situación financiera y económica de las empresas en cuestión […]. Ahora bien, la demandante se basa esencialmente en alegaciones genéricas sobre la capacidad de los clubes de fútbol para reunir fondos y contraer préstamos, alegaciones que, como tales, no son de naturaleza tal que desvirtúen la conclusión a la que llegó la Comisión en la Decisión impugnada basándose en los datos financieros individuales de la demandante» (Apartado 48).

▪ «En la medida en que la demandante se basa en una comparación de su situación financiera con la media de los demás clubes de fútbol, españoles primero y europeos después, procede señalar que esa comparación tampoco es conforme a los principios en que se funda el concepto de empresa en crisis, en el sentido de las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración […]. En efecto, este enfoque comparativo no se basa principalmente en la situación individual de la demandante y, si fuera aceptado, permitiría que las medidas adoptadas en sectores en declive, deficitarios o de escasa rentabilidad eludieran los controles que se aplican a las ayudas estatales» (Apartado 49).

El hecho, no obstante, de deducir que la Decisión impugnada, y ahora anulada, adoleciera de un defecto de motivación, lo que resulta ser un vicio sustancial de forma, en el sentido del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha conllevado a que quedaran sin respuesta tanto la parte del motivo alegado sobre la identificación de la ventaja, que atañe a la supuesta valoración errónea de las contragarantías ofrecidas, como el segundo y tercero, invocados con carácter subsidiario, y por los que, respectivamente, se discutía por una parte la constatación por la Comisión de que la medida falseaba la competencia y afectaba al comercio entre Estados miembros, y la evaluación del importe de la ayuda concedida, por otra.

Cabe recordar, finalmente, que durante estos días estamos asistiendo al tramo final del plazo de dos meses establecido para la posible interposición de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, el cual computa desde que se hubiere producido la notificación de la sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Estatuto regulador de la institución judicial de la Unión Europea (Protocolo n. 3 anexo a los Tratados).

Texto íntegro de la Sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211942&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=8898310  

 

Descarga aquí el pdf con la Sentencia.

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