Una federación deportiva como organismo de Derecho público (Sentencia de 3/02/2021 del TJUE)

“Una federación deportiva nacional, como la Federación Italiana de Fútbol, puede estar sujeta a las normas de adjudicación de contratos públicos cuando ejerza actividades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

No obstante, también se requiere que dicha federación, dotada de personalidad jurídica, esté sometida al control de una autoridad pública, como el Comité Nacional Olímpico Italiano, en el sentido de que esta última debe poder influir en las decisiones de la federación en materia de contratos público”, de acuerdo con el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la reciente sentencia de 3 de febrero de 2021 sobre los asuntos C--155/19 y C-156/19.

Parece ser que la Federación italiana de fútbol (FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio) puso en marcha un procedimiento de adjudicación de los servicios de transporte de material destinados a los desplazamientos de las selecciones nacionales de fútbol y para el almacén de la propia federación en Roma por un periodo de tiempo de 3 años.

Así, De Vellis (una de las empresas involucradas) participó en el procedimiento, sin embargo, finalmente fue adjudicado a otra de las empresas intervinientes en el procedimiento judicial, a Consorzio, por lo que De Vellis impugnó “el modo en que se había desarrollado la licitación” ante el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lacio. Alegaba que la FIGC no siguió los condicionantes de publicidad establecidos para los organismos de Derecho público, considerando así a la federación como tal.

El Tribunal mencionado estimó las peticiones de Vellis y anuló aquella adjudicación del contrato controvertido a Consorzio.

Ante esta situación, tanto la FIGC como Consorzio recurrieron la sentencia ante el Consejo de Estado rebatiendo la calificación de la federación como un organismo de Derecho público y alegando en consecuencia la falta de competencia del orden contencioso-administrativo.

Es en este contexto en el que el órgano que está conociendo de ambos recursos plantea dos cuestiones prejudiciales de interpretación al TJUE. Si la FIGC se entiende como un organismo de Derecho público a los ojos de los requisitos establecidos en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Puedes acceder al texto completo en el siguiente enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0155&from=ES
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