El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma la sanción de 3.001 euros y 6 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos por acceder ebrio a un partido de fútbol

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª) ha dictado Sentencia núm. 699/2026, el 22 de julio de 2026, por la que DESESTIMA el recurso interpuesto por Don Humberto, frente a la Resolución de la Dirección General de Política Interior que estimó en parte en parte el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria de fecha 28 de agosto de 2023, imponiendo al recurrente una sanción de 3.001 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses por la comisión de una infracción prevista en el artículo 6.1.d de la Ley 19/2007, y: 1º.- CONFIRMA la actuación administrativa impugnada por ser conforme a derecho, rechazando las pretensiones ejercitadas por el recurrente. 2º.- Con imposición de costas.

Un particular impugnó la sanción que se le había impuesto por acceder bajo los efectos del alcohol a un estadio con ocasión de un partido entre el Real Racing de Santander y el Real Sporting de Gijón. La resolución administrativa establecía una multa de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses, de conformidad con el artículo 6.1.d de la Ley 19/2007 contra la violencia y la intolerancia en el deporte. El recurrente alegó indefensión por no haber recibido información suficiente sobre la infracción imputada, así como la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. La Sala desestima ambos motivos al considerar acreditado, a partir del acta policial y de la ratificación de los agentes, que el sancionado presentaba signos claros de embriaguez.

La sentencia reafirma el valor probatorio de los documentos formalizados por funcionarios públicos y concluye que el relato de la hija del sancionado no resulta suficiente para desvirtuar la versión de los agentes. En consecuencia, la Sala confirma la actuación administrativa y la sanción impuesta, y condena al recurrente al pago de las costas procesales, con un límite de 500 euros.

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