El TSJ de Madrid confirma la denegación de una subvención a la Federación Española de Balonmano por considerarla parte del sector público
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª), en su sentencia núm. 443/2026, de 24 de junio de 2026, acuerda
- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo promovido por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO y en su virtud: -
- DECLARAR la nulidad de la Resolución de 28 de septiembre de 2023 de la CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO de la COMUNIDAD DE MADRID, que acuerda declarar desistido del recurso de reposición interpuesto el 19 de enero de 2022 por don Demetrio , a título de representante de la Federación; y
- DECLARAR la conformidad a derecho de la Orden de 19 de enero de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que deniega a la Real Federación Española de Balonmano la subvención solicitada en el marco del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida en el procedimiento 09-PIC1-O9415.3/2021.
- Sin imposición de las costas causadas en el presente recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Real Federación Española de Balonmano contra la Comunidad de Madrid, anulando la resolución que declaró desistido su recurso de reposición por un defecto de representación. Sin embargo, el tribunal confirma la legalidad de la denegación de la subvención solicitada por la Federación en el marco del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida. La sentencia concluye que, a efectos de la normativa aplicable, las federaciones deportivas como la de balonmano forman parte del sector público y, por tanto, están excluidas como beneficiarias de este tipo de ayudas.
Afirma el Tribunal que, aunque las federaciones deportivas gocen de autonomía de gestión en varias materias, la gestión de esas federaciones puede considerarse sometida al control de una autoridad pública, ya que en el caso español el Consejo Superior de Deportes dispone de un control de gestión activo que, en la práctica, pone en entredicho la autonomía de gestión hasta el punto de permitir que dicha autoridad influya en las decisiones de la federación en materia de contratos públicos.
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Fuente: Poder Judicial España













