El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos... ¿implicaciones jurídicas respecto al dopaje?

1. Planteamiento

A largo de los últimos años, el control del dopaje en las competiciones deportivas se ha convertido en una preocupación de primer orden, con una importante proyección y alcance social, habida cuenta el impacto que el dopaje produce en la salud de los deportistas, en la igualdad de condiciones de los participantes de distintas competiciones y finalmente, como factor de perversión de los valores que se intentan transmitir a partir de las prácticas deportivas a la sociedad en su conjunto. Esto ha llevado a que diferentes instituciones públicas y privadas desarrollen mecanismos para evitar esta práctica, estando en la cúspida de esta tarea la Agencia Mundial Antidopaje (en adelante, AMA). La lucha contra las prácticas dopantes se ha constituido en la prioridad de estas acciones. En este sentido, nos resulta muy oportuno plantearnos, si el panorama normativo actual antidopaje, los procedimientos que se han establecido y la práctica de los controles es respetuoso y contempla el marco más general referido a la protección de derechos fundamentales, recogidos, tanto en las normas fundamentales de los diferentes países, como en la Carta Europea de Derechos.

Así las cosas, el mecanismo de control del dopaje representa la necesidad de llevar a cabo intervenciones corporales, recogida de material biológico humano, con su consiguiente transferencia, en ocasiones, al extranjero para su análisis. En efecto, esta circunstancia se ve agravada cuando, en el marco de ese proceso, se produce la transferencia de los mencionados datos a un Estado no miembro de la Unión Europea, siendo un supuesto paradigmático el de la transferencia a áquel en donde radica la Agencia Mundial Antidopaje su sede, esto es, Canadá; en la medida en que resultaría controvertida la aplicación del Derecho de la Unión Europea y en concreto, el nuevo reglamento de protección de datos.

A lo anterior se une que, los tradicionales métodos fundados en el análisis de las muestras fisiológicas de los deportistas −fundamentalmente orina y sangre con el fin de detectar la presencia de sustancias o métodos prohibidos—, han tenido que ser complementados con métodos de detección indirecta del uso de esas sustancias o métodos. El sistema denominado Athlete Biological Passport (ABP), traducido como «Pasaporte Biológico» (o PB) del deportista constituye la herramienta más reciente y sofisticada en lo que a detección de dopaje, por vía indirecta, se refiere. De forma muy ilustrativa se optó por denominar a este instrumento de control indirecto del dopaje como Pasaporte Biológico, el cual, de hecho, presenta ciertas similitudes con el pasaporte común que utiliza todo ciudadano de a pie para viajar de un país a otro, es decir, con el fin de identificación ante las autoridades de otros países. En cambio, este documento, específico en sede deportiva, no sólo identifica a los deportistas, sino que pretende actuar como prueba fehaciente del juego limpio de todos ellos, en la medida en que él se recogen todos los resultados de los análisis realizados a cada atleta y con ello, los especialistas pueden establecer un perfil hematológico y urinario del deportista para detectar posibles cambios producidos por la utilización de sustancias dopantes.

 
2. La transferencia internacional de datos: el Anti-Doping Administration & Management System popularmente conocido como Base ADAMS

En efecto, en este contexto tan polémico como es la lucha antidopaje, los movimientos internacionales de datos de salud constituyen una herramienta ineludible. De este modo, muestras biológicas y resultados de pruebas realizadas sobre dichas muestras se transfieren entre organizaciones antidopaje que se encuentran tanto en el espacio de la Unión Europea como fuera de él. Al tratarse, además, de información referida a personas de cierta relevancia pública por ser deportistas profesionales, la necesidad de manipular dicha información con cierta precaución resulta manifiesta. Consciente de ello, el Código Mundial Antidopaje hace especial hincapié en la necesidad de proteger la confidencialidad de los datos que se manipulan, dedicando a este asunto el artículo 14 titulado «confidencialidad y comunicación», interesando, en particular su apartado sexto en torno a la confidencialidad de los datos, el cual reza textualmente: «Las organizaciones antidopaje podrán obtener, almacenar, procesar o divulgar datos personales de los deportistas y otras personas cuando sea necesario y adecuado para llevar a cabo las actividades antidopaje previstas en el Código y los Estándares Internacionales (incluyendo específicamente el Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información Personal) y en cumplimiento de la legislación correspondiente». En efecto, el propósito de este Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información PersonaL (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information o ISPPPI) es asegurar que todos los agentes relevantes que participan en la lucha contra el dopaje en el deporte se adhieren a un conjunto de protecciones mínimas de privacidad en la recogida y en el uso de información personal del deportista, tal es el caso de la información relacionada con el paradero o whereabouts, los controles de dopaje y las Autorizaciones de Uso Terapéutico.

En la concreta materia de protección de datos, se han publicado una serie de dictámenes jurídicos en relación con la compatibilidad de la Norma Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información Personal con varias leyes nacionales y europeas y además, la Agencia Mundial Antidopaje ha emitido una serie de declaraciones y aclaraciones sobre la protección de datos en la lucha contra el dopaje en el deporte y los cuestionamientos al respecto desde el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29).

Una vez expuestas estas consideraciones, destacamos una iniciativa decisiva en este punto, que ha sido la creación de un banco de datos internacional bajo la premisa de la lucha contra el dopaje. Nos referimos a la Base ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), que supone una herramienta cardinal en cuanto a coordinación se refiere —utilizable por las organizaciones antidopaje—, por cuanto recoge los datos necesarios de los deportistas susceptibles de ser controlados, debiendo quedar en ella perfectamente delimitados los que pueden participar en competiciones internacionales y los que sólo compiten a nivel estatal, evitando una posible duplicidad de controles que en la mayoría de los casos, no es práctica ni recomendable, salvo en ocasiones muy específicas, por lo que el conocimiento bilateral de las actuaciones nacionales e internacionales programadas resulta un herramienta vital para la armonización y optimización de la política del control de dopaje.

Viene a ser definido como un sistema de administración y de gestión antidopaje, elaborado por la Agencia Mundial Antidopaje con el fin de ofrecer una herramienta de gestión funcional y flexible a los responsables de la lucha antidopaje, en pro de garantizar sus actividades y cumplir con sus responsabilidades y que por otra parte, permite a los deportistas y a las organizaciones antidopaje incorporar y compartir los datos relativos al control del dopaje.

Asimismo, se encuentra íntimamente vinculado a la herramienta que hemos mencionado anteriormente, cual es el Pasaporte Biológico, en la medida en que, precisamente, el soporte del Pasaporte Biológico es este sistema informático que aúna los datos relativos al control del dopaje, llamado ADAMS.

 
3. Implicaciones del control antidopaje en los derechos fundamentales

Hemos de poner de manifiesto que el proceso de control de dopaje se refiere a la obtención de datos de salud —que son datos sensibles o especialmente protegidos—, y su almacenamiento y cesión. Todo ello se concibe en un contexto de fuerte impacto mediático y social y, con frecuencia, de publicidad de información personal perteneciente a una parcela de intimidad de las personas.

De tal manera que no hay duda que el efecto inesperado —y no bien recibido por el jurista—, que ha generado la política antidopaje ha sido el de la potencial afección a los estándares de los derechos fundamentales. Como ejemplos más palpables destacan: la obligación de localización en materia de dopaje y la obligación de presencia en un determinado lugar cada día del año para ser eventualmente sometido a controles fuera de competición. Las agencias antidopaje han de velar en el ejercicio de sus funciones, para que las condiciones de realización de los controles de dopaje previstos en la presente Ley se realicen ajustándose al principio de mínima intervención y velando por la proporcionalidad respecto del descanso nocturno del deportista y la afección de los derechos y la intimidad de los deportistas. De ahí que se establezca la limitación de una franja horaria para la realización de los controles.

Desde nuestra óptica, nos encontramos inescindiblemente al lado de los derechos fundamentales y de las garantías que conforman el Estado de Derecho, en el sentido de que defendemos que la lucha el contra del dopaje no justifica la circunstancia de que no se respeten derechos y principios jurídicos fundamentales, como es el caso de su posible colisión con los derechos fundamentales de los deportistas, en especial, con el derecho a la intimidad y protección de datos, lo cual no quiere decir que quien no acepta, cuestiona o se plantea algunas de las exigencias que se imponen en esta materia (como es nuestro caso y, de facto, ha sido así a lo largo de este estudio de investigación) es porque realmente no quiere luchar contra el dopaje en el deporte si no porque otorgamos prioridad a valores superiores.

 
4. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos: la lucha contra el dopaje de «interés general» (considerando 112)

A nivel europeo, hasta el momento, la Directiva 95/46/CE ha liderado la regulación de la protección de datos en el contexto de la Unión Europea. Esta Directiva se valía, en cuanto al estudio de toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales tomadas para la aplicación de la Directiva, del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), que en plena coherencia con las funciones a él asignadas, ha emitido sendos dictámenes sobre asuntos relacionados con la protección de datos en la Unión Europea y su afección al dopaje.

Ahora bien, este panorama normativo europeo está en plena transformación y habrá de observar las implicaciones que supone una de las novedades normativas, a nivel europeo, sin duda más trascendentes en los último años, de la mano del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que entraba en vigor el pasado 25 de mayo de 2016 (si bien no comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018). Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que la trasponen, entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas y aplicables (en concreto, la Directiva Europea de 1995 y a la Ley Orgánica española de 1999).

El nuevo reglamento europeo contiene varias disposiciones aplicables exclusivamente a la investigación en salud pública. En primer lugar, el Reglamento alienta a los Estados miembros a promulgar mayores protecciones para el tratamiento de datos sensibles con fines relacionados con la salud. En este sentido, el considerando 53 afirma que, si bien el Reglamento tiene por objeto crear condiciones armonizadas para el tratamiento de categorías especiales de datos personales en materia de salud, la legislación de la Unión o de los Estados miembros debe prever medidas específicas y adecuadas para proteger los derechos fundamentales y los datos personales de las personas físicas. Éste es, particularmente, el caso cuando el controlador procesa datos genéticos, biométricos o de salud.

En segundo lugar, y de especial interés en este comentario, el artículo 49 permite la transferencia de datos personales a países terceros que no ofrecen un nivel adecuado de protección si «la transferencia es necesaria por razones importantes de interés público», que puede incluir la investigación en salud pública. Esta apreciación ha de ponerse en conexión con el considerando 112 en cuanto explica que la excepción anterior se aplica especialmente, por ejemplo, en el caso de la localización de contactos para enfermedades contagiosas o para reducir y / o eliminar el dopaje en el deporte. De tal manera que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea confirma que la lucha contra el dopaje es de interés general a tenor de lo expuesto en el considerando112.

Y es que, en los últimos años, las normas de protección de datos de la Unión Europea se han convertido en un desafío para las organizaciones antidopaje radicadas en Estados miembros de la Unión Europea. Habida cuenta las transferencias a terceros países se someten a restricciones, las organizaciones antidopaje se enfrentan a las expectativas de un sector deportivo que parece estar ampliamente integrado a nivel mundial, presumiblemente dando lugar a expectativas coordinadas en relación con la lucha antidopaje. En este contexto, la inclusión de una referencia a las transferencias a terceros países con fines antidopaje fue un logro en el que los principales actores del sector deportivo y antidopaje han estado presionando activamente, incluida la Oficina de representación de los Comités Olímpicos Europeos (EOC) ante la UE en Bruselas, así como la Agencia Mundial Antidopaje. Esta referencia se encuentra ahora, específicamente, en el considerando 112 del Reglamento General de Protección de Datos, pero no en ninguno de los artículos. Representa una innovación en comparación con la Directiva 95/46 en la que no se podía encontrar una cláusula de este tipo, pero nos planteamos si ¿puede servir como la cláusula tan esperada por los órganos rectores deportivos y por las organizaciones antidopaje?

Sin duda una materia tan compleja y controvertida como es, por una parte el dopaje en el deporte, y por otra, la protección de datos de carácter personal, dará lugar, sin duda, a numerosas apreciaciones críticas y otras consideraciones en los próximos años cuando el nuevo reglamento europeo se encuentre plenamente operativo.



Elena Atienza Macías
Investigadora Postdoctoral de la Universidad del País Vasco UPV/EHU
G. I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano (Bilbao/España)


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